El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, en primera vuelta, al anteproyecto de ley destinado a ampliar el marco de protección de los menores frente a la violencia. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, introduce reformas estructurales en los procesos judiciales y administrativos, eliminando los límites de edad para que los niños sean escuchados y endureciendo los criterios para la concesión de custodias compartidas en entornos donde se sospeche un riesgo para su bienestar.
Uno de los ejes centrales de la norma es la universalización del derecho a la escucha. Hasta la fecha, la obligatoriedad de que el menor compareciera en procesos que le afectasen estaba fijada a partir de los 12 años o supeditada a una valoración discrecional de «madurez suficiente». Con la nueva redacción, el sistema judicial y administrativo deberá garantizar este derecho con independencia de la edad del afectado, fundamentando de forma expresa en cada resolución cómo se ha priorizado el interés superior del menor y su bienestar físico y emocional.
En el ámbito del Derecho de Familia, el texto prohíbe formalmente el uso del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) y cualquier teoría similar que sugiera manipulación por parte de un progenitor para justificar el rechazo del menor hacia el otro. El Gobierno ha destacado que España se sitúa como el primer país en vetar estas tesis por ley, permitiendo que las resoluciones que se basen en estos planteamientos puedan ser impugnadas. Asimismo, la norma refuerza la prohibición de la custodia compartida cuando existan indicios de que dicha medida pueda comprometer la salud física, psíquica o emocional de la persona menor de edad.
La reforma también contempla el endurecimiento de los controles para los profesionales que desempeñan su labor en contacto directo con la infancia. El anteproyecto establece que ninguna persona condenada por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia podrá ejercer en centros educativos, clubes deportivos o espacios de ocio. Con esta medida, el Ejecutivo busca cerrar las brechas detectadas en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada en 2021.
Para agilizar la atención a las víctimas, el nuevo texto legal estipula que bastará con el consentimiento de un solo progenitor para que el menor acceda a asistencia psicológica, jurídica o social. Esta modificación pretende evitar que un presunto agresor pueda ejercer derecho a veto sobre la reparación y el apoyo que necesita el niño o niña. Además, la norma contempla la creación de turnos de oficio compuestos por abogados especializados en violencia contra la infancia y reconoce legalmente a los hijos e hijas de víctimas de violencia de género como víctimas directas de esta tipología de violencia.
Durante la comparecencia ante los medios, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que la escucha de los menores «es una garantía de derechos y una cuestión de justicia». Por su parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha subrayado la necesidad de estas medidas al recordar que 68 menores han sido asesinados por violencia de género en España desde 2013, cifra que evidencia la urgencia de fortalecer los sistemas de protección institucional.


