Meta es condenada a pagar 567 millones de dólares en Nuevo México por el impacto de sus redes en la salud mental de menores
Un juzgado del distrito de Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos, ha emitido una sentencia histórica que obliga a Meta, matriz de Facebook e Instagram, al pago de 567 millones de dólares. El fallo judicial determina que la compañía deberá destinar estos fondos a la creación de un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes, tras considerar que su modelo operativo constituye una «molestia pública» que compromete la seguridad y el bienestar de los adolescentes.
El magistrado Bryan Biedscheid, responsable de la resolución, fundamentó la condena señalando que las plataformas de Meta están diseñadas con el propósito deliberado de maximizar la interacción de los usuarios, incluso cuando dicha estrategia resulta perjudicial para la integridad de los menores de edad. Esta decisión cierra la segunda fase de un proceso civil iniciado en 2023 por el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, quien acusó a la tecnológica de fomentar una crisis de salud mental y de exponer a menores a riesgos de explotación.
Además de la sanción económica, el fallo impone a Meta una serie de medidas correctivas de obligado cumplimiento. La empresa deberá establecer límites temporales de uso para los perfiles de usuarios jóvenes, aplicar restricciones en el sistema de notificaciones y optimizar los protocolos de comprobación de denuncias relacionadas con el abuso de menores. El fiscal Torrez ha calificado la sentencia como una victoria fundamental para las familias, subrayando la necesidad de entornos digitales más seguros.
Este nuevo revés judicial se suma a una sanción previa en una etapa preliminar del mismo caso, donde la compañía de Mark Zuckerberg fue condenada al pago de 375 millones de dólares. En aquella instancia, el tribunal determinó que Meta violó las leyes de protección al consumidor al ofrecer información engañosa sobre los niveles de seguridad para menores dentro de sus redes sociales principales.
La resolución en Nuevo México se produce en un contexto de creciente presión legal sobre la industria tecnológica en Estados Unidos. Diversos estados, instituciones educativas y colectivos de la sociedad civil han interpuesto múltiples demandas contra los gigantes digitales, cuestionando los efectos derivados de la adicción a las redes sociales y los modelos de crecimiento basados en algoritmos de retención extrema.
