Hacienda bloquea cuentas del gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios tras señalamientos de EE. UU.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), formalizó la inclusión de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve altos funcionarios del estado en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Esta medida, de carácter preventivo y administrativo, responde a los recientes señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que vinculan a dichos servidores públicos con operaciones del cártel de Sinaloa.
Según el comunicado oficial de la SHCP, la inmovilización de recursos bancarios se activó tras reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano. Las alertas identificaron a los implicados como «personas políticamente expuestas» luego de que autoridades en Washington los acusaran de brindar protección a la facción de «Los Chapitos», facilitando el trasiego de narcóticos y compartiendo información sensible a cambio de sobornos.
Entre los nombres incluidos en la lista, además del gobernador Rocha Moya, figuran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; el senador Enrique Inzunza, así como antiguos titulares de dependencias estatales. La UIF precisó que la ejecución de estas medidas busca «proteger la integridad del sistema financiero nacional», aclarando que la acción no constituye una determinación definitiva de culpabilidad, sino una medida precautoria mientras se analiza la documentación relacionada.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó el tema en su conferencia matutina, calificando el bloqueo como un mecanismo «automático». La mandataria explicó que el protocolo responde a la existencia de órdenes de aprehensión en Estados Unidos, lo cual obliga a los bancos mexicanos con corresponsalías internacionales a activar estos mecanismos de control. «No es que la UIF esté investigando al gobernador», subrayó Sheinbaum, desvinculando la medida de una instrucción política directa del Ejecutivo.
En cuanto al estatus legal de los señalados, se informó que Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exfuncionario de Finanzas, ya se han entregado a la justicia estadounidense. Por el contrario, el Gobierno de México ha manifestado que, respecto a las solicitudes de detención urgente enviadas por Washington, actualmente no existen elementos suficientes que justifiquen la excepcionalidad del procedimiento fuera de los canales ordinarios de extradición.
Finalmente, las autoridades hacendarias reiteraron que se mantendrá el análisis de la información financiera de los involucrados. El proceso administrativo permitirá a los afectados ejercer su derecho de audiencia, conforme a la normativa vigente, mientras la SHCP colabora con las instancias correspondientes para determinar el alcance de las imputaciones realizadas por el Departamento de Justicia estadounidense.
