La ministra de Sanidad vincula el acceso a la vivienda con la salud pública y advierte sobre su impacto en la salud mental

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado este miércoles la interdependencia entre el derecho a la vivienda y el bienestar sanitario de la población. Durante su intervención en la V Jornada de Salud, la titular de la cartera ha defendido que el acceso a un hogar constituye uno de los principales determinantes sociales que condicionan la salud, señalando que la precariedad habitacional y la incertidumbre residencial derivan frecuentemente en patologías de salud mental.

García ha argumentado que resulta inviable abordar la salud pública en la actualidad sin considerar la situación de la vivienda. Según los datos expuestos por la ministra, un 40% de las familias percibe el acceso al hogar en términos patológicos, vinculando la inestabilidad del mercado inmobiliario con cuadros de ansiedad, insomnio y depresión. En este contexto, ha calificado la falta de seguridad sobre el lugar de residencia como un factor determinante para el desarrollo de enfermedades.

En su análisis, la responsable de Sanidad ha establecido una comparativa entre la protección que ofrece el sistema sanitario público y las dificultades que presenta el mercado inmobiliario. García ha destacado que, mientras la sanidad pública garantiza que la ciudadanía no sufra quebrantos económicos graves ante un problema de salud, el coste del acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales causas de vulnerabilidad financiera en España.

Asimismo, la ministra ha abogado por una transformación estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS) para adaptarlo a las necesidades de una sociedad cada vez más longeva. La propuesta del Ministerio se centra en transitar de un modelo enfocado en la atención de episodios agudos hacia una atención integral que acompañe a los pacientes durante todo su ciclo vital, aprovechando los avances médicos y reforzando la cartera de servicios públicos.

Finalmente, García ha hecho un balance de los avances realizados por su departamento durante la presente legislatura, destacando la ampliación de las prestaciones y la mejora en la accesibilidad a los tratamientos. No obstante, ha insistido en la necesidad de continuar protegiendo los servicios públicos, extendiendo esta defensa no solo al ámbito sanitario, sino también a la educación y a la Ley de Dependencia como pilares del bienestar social.