El Ministerio de Hacienda investigó el origen de las filtraciones sobre el control de la OLAF a los fondos europeos
El Ministerio de Hacienda, bajo la gestión de la entonces ministra María Jesús Montero, puso en marcha una investigación interna con el objetivo de identificar la fuente de una filtración documental a los medios de comunicación. El objeto de la indagación fue la difusión de una petición de información de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) relativa a varios proyectos financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, conocidos como fondos Next Generation.
Según consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) fechado el 13 de abril de 2023, la administración analizó el flujo de información interna tras la publicación de diversos reportajes periodísticos que revelaban la vigilancia de la OLAF sobre seis adjudicaciones en España por presuntas irregularidades. El documento administrativo, titulado «Investigación filtración solicitud información OLAF», fue remitido posteriormente al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Zamora, órgano que instruyó una de las causas derivadas de estas sospechas.
La investigación interna se centró en el rastro de los oficios remitidos por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) a la Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación. Estas comunicaciones, enviadas originalmente entre agosto de 2022 y febrero de 2023, alertaban sobre la necesidad de facilitar datos a las autoridades europeas para investigar posibles anomalías en proyectos específicos, entre ellos, la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla.
Dicho proyecto energético motivó una denuncia por parte de un grupo de empresarios que alegaron un presunto trato de favor por parte del Ministerio para la Transición Ecológica hacia otras corporaciones industriales. El caso fue denunciado ante la Fiscalía Europea en octubre de 2022, al considerar los promotores originales que se había vulnerado su propiedad industrial y que las subvenciones solicitadas, estimadas en 500 millones de euros, podrían haber sido desviadas irregularmente.
A pesar de la exhaustividad del proceso de revisión en las unidades afectadas del Ministerio de Hacienda, el informe concluyó sin resultados concluyentes. Los investigadores de la IGAE determinaron que no existían evidencias de que el personal de las unidades concernidas hubiera impreso los documentos o los hubiera enviado a través de correos electrónicos a dominios externos a la administración.
No obstante, el análisis técnico reconoció la existencia de vulnerabilidades en la seguridad de la información. El informe detalla que, al carecer de un sistema de auditoría de acceso a ficheros en las carpetas compartidas, resultaba técnicamente imposible descartar que cualquier persona con acceso a dichas unidades hubiera guardado los documentos en soportes externos de almacenamiento USB.
Como medida correctora y para prevenir futuras fugas de información sensible, el documento ministerial propuso la implementación de nuevas herramientas de gestión. Entre las recomendaciones destaca la adopción de la herramienta «Carla», desarrollada por el Centro Criptológico Nacional, que permite el control y la trazabilidad de los documentos durante todo su ciclo de vida, garantizando que el acceso sea monitorizado incluso cuando los archivos salen de la red interna de la organización.
La causa judicial en Zamora, que motivó la aportación de este informe, se encuentra actualmente archivada de forma provisional. La decisión judicial se fundamentó, en parte, en las dificultades para recabar el expediente administrativo completo de las actuaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación con la denuncia inicial.
