María Jesús Montero defiende la legalidad de las ayudas de la SEPI en el Senado y niega irregularidades
La vicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido este lunes ante la comisión de investigación del Senado para defender la «estricta legalidad» de los préstamos concedidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a compañías como Air Europa y Plus Ultra. Durante su intervención, Montero ha rechazado de forma tajante la existencia de cualquier irregularidad administrativa y ha atribuido la aprobación de estas operaciones a criterios técnicos y asesores, desvinculando al Consejo de Ministros de la instrucción de los expedientes.
La dirigente socialista ha subrayado que los procedimientos seguidos para la concesión de estas ayudas contaron con el aval de diversas instancias nacionales e internacionales, citando expresamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General del Estado (IGAE) y la propia Comisión Europea. Montero ha hecho especial hincapié en que estas operaciones no son subvenciones a fondo perdido, sino préstamos que las compañías están reintegrando a las arcas públicas en su totalidad.
En relación con el caso de Air Europa, la compareciente ha recordado que el rescate fue validado por la justicia europea tras la reclamación de una aerolínea competidora. Respecto a Plus Ultra, ha señalado que los tribunales analizaron la operación durante dos años antes de concluir que se actuó conforme a derecho. «No ha habido irregularidades en la concesión de ayudas», ha manifestado la ministra, quien ha criticado a los grupos de la oposición por cuestionar decisiones que, según sus palabras, no han sido impugnadas con éxito por la vía judicial.
Durante el interrogatorio, Montero ha negado haber recibido ninguna llamada o instrucción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para interesarse por la situación de empresas específicas, asegurando que el Ejecutivo abordó la crisis de todas las compañías con igual preocupación durante la pandemia. Asimismo, ha negado conocer a los individuos investigados en la presunta «trama SEPI» y ha calificado de «ofensivo» que se intente vincular a Begoña Gómez con estos expedientes, recordando que la Audiencia Nacional ha corregido en varias ocasiones la instrucción del juez encargado del caso.
La sesión ha estado marcada por la tensión política, especialmente cuando Montero ha acusado al Partido Popular de utilizar la comisión de investigación con fines electorales en el marco de los comicios andaluces. Estas declaraciones han provocado un cruce de reproches con la presidenta de la comisión, Ana Beltrán, quien ha recordado a la compareciente que su citación fue programada con anterioridad a la convocatoria electoral. Por su parte, el portavoz popular, Gerardo Camps, ha defendido la pertinencia de la comparecencia basándose en las responsabilidades de Montero al frente del Ministerio de Hacienda, departamento del que depende orgánicamente la SEPI.
Finalmente, consultada sobre la pérdida de confianza en el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la vicepresidenta ha reconocido que su percepción cambió tras conocer los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) publicados en los medios. No obstante, ha precisado que su pérdida de confianza responde a lo que considera «conductas inapropiadas» de las personas de su entorno y no necesariamente a la comisión de actos ilegales, manteniendo su defensa de la gestión institucional realizada durante su mandato.
