Irene Montero propone reasignar 24.000 millones de gasto militar a inversión social y la nacionalización de Repsol

La eurodiputada y candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Irene Montero, ha presentado este viernes una propuesta económica centrada en la reorientación del gasto público. Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press, la líder de la formación morada ha planteado destinar 24.000 millones de euros, que según sus estimaciones corresponden al incremento del gasto en armamento desde 2023, hacia políticas sociales, servicios públicos y la intervención estatal en sectores estratégicos.

Montero ha detallado que esta cuantía permitiría financiar un paquete de medidas que incluye la nacionalización de la compañía energética Repsol, cuyo coste de adquisición ha cifrado en 9.100 millones de euros. Asimismo, el plan contempla la contratación de 40.000 profesionales sanitarios y 40.000 docentes, la creación de una red de supermercados de titularidad pública y la remuneración íntegra de los permisos de ocho semanas para el cuidado de hijos e hijas.

En materia de vivienda, la candidata ha abogado por la expropiación del uso de inmuebles en propiedad de fondos de inversión para su incorporación al parque de alquiler social. Además, la propuesta de Podemos incluye elevar hasta los 1.000 millones de euros la partida presupuestaria destinada a combatir las violencias machistas. Montero ha sostenido que estos recursos están disponibles en la actualidad, pero que el Ejecutivo de coalición ha optado por priorizar la industria armamentística sin someter dicho incremento a una votación parlamentaria específica.

La líder de Podemos ha fundamentado su programa en el cumplimiento del artículo 128 de la Constitución Española, el cual supedita toda la riqueza del país al interés general. En su análisis de la situación económica, ha denunciado una progresiva concentración de la riqueza en manos de una minoría, contraponiendo los beneficios récord de las empresas del Ibex 35 con la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía debido al encarecimiento de la energía, la alimentación y la vivienda.

Respecto a la política tributaria, Montero ha defendido un incremento sustancial de la presión fiscal sobre las grandes fortunas. Al ser consultada sobre propuestas similares de otras formaciones de izquierda para gravar a los superricos, la candidata se ha mostrado partidaria de aumentar la progresividad fiscal para redistribuir los beneficios extraordinarios de las grandes corporaciones. En este sentido, ha criticado la supresión de figuras impositivas previas, como el tributo a las energéticas, y ha instado a que el sistema fiscal actúe como una herramienta efectiva de equilibrio social.

Finalmente, Montero ha cuestionado la gestión de los fondos públicos por parte del Gobierno, asegurando que la falta de inversión en servicios básicos no responde a una carencia de presupuesto, sino a una elección política de gasto. Según la candidata, las administraciones deben actuar como garantes de la legalidad vigente y del bienestar ciudadano frente a los intereses de los grandes capitales, posicionando a Podemos como la alternativa para ejecutar una transformación estructural del modelo económico español.