La ministra Diana Morant cuestiona la anulación del decreto de universidades y señala un conflicto de intereses en el Tribunal Supremo

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha manifestado su firme desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal Supremo de anular el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios. La titular de la cartera ha defendido la urgencia de la normativa, que buscaba endurecer los requisitos para la apertura de universidades privadas, frente al criterio del Alto Tribunal, que ha invalidado la norma por considerar que no se justificó adecuadamente su tramitación por la vía de urgencia.

Durante su asistencia a los actos institucionales del 9 d’Octubre en la Comunitat Valenciana, Morant ha contrapuesto el fallo judicial con la situación económica de los ciudadanos. «Para el Tribunal Supremo no es urgente, pero para las familias sí», ha aseverado la ministra, quien ha recordado que el 14% de los créditos bancarios en España se solicitan actualmente para sufragar estudios superiores. Según su análisis, el endeudamiento familiar responde a la falta de plazas en la universidad pública, una situación que, a su juicio, la norma anulada pretendía mitigar.

En el plano institucional, la ministra ha incidido en que la anulación del decreto pone en riesgo la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Morant ha argumentado que, sin una regulación estricta sobre la creación de centros, el acceso a la formación universitaria quedará supeditado a la capacidad económica de los alumnos, favoreciendo un modelo donde «podrá ir a la universidad aquel que se lo pueda pagar».

La declaración de la ministra ha incluido una crítica directa a la composición de la sala que ha dictado la sentencia. Aunque ha afirmado que el Gobierno respeta el fallo, Morant ha sugerido la necesidad de analizar si existen vínculos profesionales entre los magistrados y las instituciones universitarias privadas. En este sentido, ha instado a reflexionar sobre cómo los intereses privados de quienes ostentan el poder judicial podrían influir en la revocación de decisiones tomadas por los poderes legislativo y ejecutivo.

El Tribunal Supremo, por su parte, fundamentó su decisión en que la tramitación del decreto carecía de la justificación necesaria para eludir los cauces ordinarios de consulta y debate. Esta resolución supone un revés para la estrategia del Ministerio, que buscaba elevar los estándares de calidad exigidos a los nuevos centros para frenar la proliferación de entidades privadas que, según el Ejecutivo, no cumplen con los requisitos mínimos de investigación y docencia.

Con este escenario, el Gobierno deberá decidir si reinicia la tramitación del texto por la vía ordinaria o si busca fórmulas alternativas para integrar las exigencias de calidad en la normativa vigente, mientras el debate sobre la imparcialidad judicial y la soberanía ejecutiva vuelve a situarse en el centro de la agenda política.