Los Mossos d’Esquadra desarticulan una red de tráfico de armas dirigida desde el centro penitenciario Quatre Camins

Los Mossos d’Esquadra han culminado una operación policial con la detención de nueve personas y la desarticulación de un grupo criminal especializado en el tráfico de armas de fuego. La organización, que operaba en diversas regiones de España y Francia, estaba liderada por un interno del centro penitenciario Quatre Camins, en Cataluña, quien coordinaba las transacciones desde su celda mediante el uso de un teléfono móvil.

Durante la intervención, los agentes de la División de Investigación Criminal han incautado más de cuarenta armas de fuego, un lanzacohetes y una cantidad considerable de munición. La estructura delictiva contaba con una fuerte base familiar, involucrando directamente a la mujer y a la hija del líder, quienes se encargaban de la logística y la distribución del material bélico. Según los informes policiales, parte del armamento era almacenado en el propio domicilio del cabecilla de la red.

El mercado de destino de este armamento abarcaba organizaciones criminales asentadas en Cataluña, Valencia, Madrid y Granada, además de grupos operativos en Francia. Los precios de venta del material y la munición oscilaban entre los 4.000 y los 8.000 euros, dependiendo de la tipología y características de la mercancía. La investigación ha permitido trazar la ruta de suministro que conectaba al centro penitenciario con los puntos de entrega final.

El sargento de la División de Investigación Criminal de Sant Feliu de Llobregat, responsable de las pesquisas, ha valorado positivamente el alcance de la operación. Según ha manifestado este miércoles, la importancia de estas detenciones reside en la neutralización de una cadena de suministro crítica que, presumiblemente, habría facilitado la comisión de homicidios y otros delitos violentos por parte de los grupos receptores de las armas.

Con esta acción, las autoridades dan por desmantelada una de las principales vías de abastecimiento de armas ilegales en el territorio, reforzando la vigilancia sobre el uso de dispositivos de comunicación no autorizados en el interior de las instituciones penitenciarias y su impacto en la seguridad ciudadana exterior.