El fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada hace quince días de su vivienda en Madrid, ha generado una profunda conmoción en el escenario político nacional. Miembros del Ejecutivo, líderes de diversas formaciones parlamentarias y representantes institucionales han reaccionado a la noticia, que ha situado nuevamente la problemática de la vivienda y la vulnerabilidad de las personas mayores en el centro del debate público.
Desde el Gobierno de España, varios ministros han expresado su pesar y han elogiado la trayectoria de la mujer. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, trasladó sus condolencias y manifestó su reconocimiento a quienes acompañaron a la fallecida en su reivindicación. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, destacó que la determinación de Maricarmen ha servido para concienciar a la sociedad, mientras que los titulares de Transportes y de Ciencia, Óscar Puente y Diana Morant, calificaron el suceso de gran tristeza y aseguraron que su legado debe continuar.
En el espacio de la coalición y sus socios, las reacciones han sido de mayor dureza terminológica. La líder de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, calificaron el fallecimiento como un «asesinato», vinculándolo a la ejecución del desahucio sin alternativa habitacional. En la misma línea se pronunció Enrique Santiago, de Izquierda Unida, quien subrayó el carácter evitable de la situación. Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, manifestó su indignación de forma contundente, mientras que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, atribuyó la muerte a la «crueldad» de un sistema que desprotege a los ciudadanos enfermos y de avanzada edad.
En el ámbito institucional y territorial, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, afirmó que la política debe trabajar para evitar cualquier forma de inhumanidad, señalando que este suceso no puede dejar indiferente a nadie. Asimismo, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, instó a la reflexión de quienes tengan responsabilidades en la materia. Por su parte, el expresidente del Gobierno, Felipe González, lamentó que no se actuara con mayor celeridad para evitar el desenlace y advirtió contra el uso partidista de lo que calificó como un «problema dramático».
Desde la oposición, el grupo parlamentario Vox ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la situación. La formación ha denunciado que el Ejecutivo intenta utilizar el sufrimiento de la fallecida para ocultar su propia responsabilidad en la gestión de la vivienda y otros problemas nacionales. A través de sus canales oficiales, Vox señaló que el deceso es consecuencia de una gestión que, a su juicio, ha traído «ruina» en diversos ámbitos de la vida pública española.
Este suceso se produce en las semanas previas a la huelga general por la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre, una movilización que ha cobrado un nuevo impulso tras los hechos ocurridos en Madrid. Los diferentes grupos parlamentarios han avanzado que esta cuestión será objeto de seguimiento en las próximas sesiones de control en las Cámaras.
