La Audiencia Nacional impone una multa histórica de 43 millones de euros a una red internacional de piratería IPTV
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia condenatoria contra los responsables de una de las mayores redes ilegales de distribución de contenidos audiovisuales por protocolo de internet (IPTV). El fallo establece una sanción económica global superior a los 43 millones de euros, de los cuales 30 millones corresponden a multas por blanqueo de capitales y más de 12 millones a indemnizaciones directas para las empresas perjudicadas, marcando un precedente de cuantía inédita en la lucha contra la piratería en España.
La resolución judicial atribuye a los integrantes de la organización delitos contra la propiedad intelectual, contra el mercado y los consumidores, y blanqueo de capitales. La red, dirigida por un ciudadano conocido como «Dash, el iraní», operaba a través de dominios como rapidiptv.com, rapidiptv.net e iptvstack.com, ofreciendo de forma ilícita transmisiones de fútbol, películas y series a una base de más de dos millones de suscriptores en tres continentes.
El procedimiento judicial tuvo su origen en una denuncia inicial de la compañía tecnológica Nagravision, a la que se sumó posteriormente una ampliación de LaLiga que resultó determinante para la comprobación de los hechos. En calidad de acusación particular, se personaron además entidades como Movistar Plus+, Mediapro y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda).
La investigación fue ejecutada de manera coordinada por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Dirección General de la Policía y el Grupo de Propiedad Intelectual de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV). Debido a la ramificación internacional de la trama, que contaba con servidores en 13 países, las pesquisas contaron con el respaldo estratégico y operativo de Europol y Eurojust.
Según detalla la sentencia, la organización diseñó un complejo entramado financiero para blanquear los beneficios obtenidos de la actividad ilícita. Se utilizaron pasarelas de pago, intercambios de criptomonedas, facturación falsa y empresas pantalla. Entre las operaciones detectadas figuran la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la adquisición de un inmueble en Barcelona valorado en 1,7 millones de euros y la compra de vehículos de alta gama por un importe de 400.000 euros. El acuerdo judicial incluye el decomiso total de los bienes intervenidos y la clausura definitiva de los dominios web utilizados.
Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha manifestado la relevancia de esta decisión judicial, calificando el fraude audiovisual como una amenaza directa para la sostenibilidad de la industria deportiva y cultural en Europa. «Nos enorgullece esta sanción ejemplar, que demuestra que hay que luchar con contundencia contra la piratería a todos los niveles, especialmente hacia las organizaciones y mafias que hay detrás», señaló el directivo.
Este golpe judicial se enmarca en un contexto de reducción del consumo de contenidos piratas en el territorio nacional. Según datos de LaLiga, durante la presente temporada 2024-2025, el consumo de señales ilegales se ha reducido en un 60% en España, fruto de las nuevas estrategias de monitorización y las acciones legales emprendidas contra los distribuidores de infraestructuras ilícitas.
