La Ley de Memoria Democrática registra más de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad española

Cerca de 2.450.000 personas han iniciado los trámites para obtener la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática desde su entrada en vigor en 2022. Según datos facilitados por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), hasta la fecha ya se han concedido 306.000 nacionalidades, en un proceso que se extenderá formalmente hasta octubre de 2025 tras la prórroga concedida por el Gobierno.

La presidenta del CGCEE, Violeta Alonso, ha calificado de «éxito» la acogida de esta normativa, destacando que el índice de denegaciones es mínimo. Según explica Alonso, la mayoría de los solicitantes cumplen rigurosamente con los requisitos legales, que se centran en los descendientes de españoles nacidos en el exterior que perdieron o renunciaron a su nacionalidad debido al exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

La ley también contempla el acceso a la nacionalidad para los hijos de mujeres españolas que perdieron su condición de ciudadanas al contraer matrimonio con extranjeros antes de la vigencia de la Constitución de 1978. Este marco jurídico busca restablecer el vínculo legal con miles de personas que, en palabras de la presidenta del Consejo, siempre han sido consideradas españolas en el ámbito identitario, aunque carecieran del reconocimiento administrativo.

Impacto demográfico y presión consular

El volumen de peticiones ha generado una presión sin precedentes en la red consular española. La cifra de ciudadanos españoles residentes en el extranjero ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, pasando de 1,5 millones en 2010 a los 3,2 millones actuales. Las proyecciones oficiales estiman que, una vez culminada la aplicación de la actual ley, la cifra de ciudadanos en el exterior podría superar los cinco millones.

Geográficamente, Argentina se sitúa a la cabeza de la demanda. Solo en la demarcación consular de Buenos Aires se han registrado aproximadamente 650.000 solicitudes. Tras Argentina, las oficinas de México, Sao Paulo (Brasil), Cuba y Miami (Estados Unidos) son las que presentan una mayor carga de expedientes pendientes de resolución.

Medidas de agilización administrativa

Ante la saturación de los servicios consulares, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación tiene prevista la implementación de medidas de refuerzo. En las próximas semanas entrará en vigor un servicio de apoyo a través de una empresa externa en cuatro de los cinco consulados de Argentina. Esta entidad se encargará de la recepción y digitalización de las solicitudes, con el objetivo de agilizar la fase inicial del trámite.

No obstante, la resolución final de los expedientes y la inscripción en el Registro Civil seguirán siendo competencia exclusiva del personal consular. Desde el CGCEE se ha instado al Estado a mantener el compromiso con la agilización de estos procesos para garantizar el acceso efectivo a los derechos reconocidos por la legislación vigente, tras haber trasladado estas preocupaciones tanto a la Presidencia del Gobierno como a la cartera de Asuntos Exteriores.

El plazo para la presentación de nuevas solicitudes se cerrará definitivamente en octubre de 2025, cumpliendo así el periodo de tres años —dos iniciales más uno de prórroga— previsto para la reparación jurídica de los descendientes del exilio español.