La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba reforma constitucional que amplía el mandato presidencial a siete años
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes, de forma unánime y en primera legislatura, una reforma parcial a la Constitución Política que extiende el periodo presidencial de seis a siete años. El nuevo marco normativo introduce además mecanismos legales para excluir de los procesos electorales a ciudadanos calificados por el Estado como «traidores a la patria» o «golpistas».
El presidente del Parlamento nicaragüense, Gustavo Porras, informó que la modificación de la Carta Magna fue ratificada en lo general por la totalidad de los diputados. No obstante, para que estos cambios entren plenamente en vigor, el procedimiento legislativo requiere de una segunda aprobación en una legislatura posterior, prevista para el año 2027.
Entre los puntos más destacados de la reforma se encuentra la potestad otorgada al Consejo Supremo Electoral para revocar la personería jurídica de aquellos partidos políticos que reciban financiamiento por parte de Estados Unidos. Asimismo, el texto legal formaliza la figura de los «copresidentes» de elección popular, un esquema bajo el cual el actual mandatario, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, ejercen la jefatura del Estado.
La ampliación del mandato a siete años prorrogables no se limita únicamente al Ejecutivo. La reforma extiende este mismo periodo de tiempo a las jefaturas del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional, así como a los cargos de designación ejecutiva y legislativa, consolidando un marco de permanencia prolongada en las principales instituciones de seguridad y administración pública.
Esta iniciativa legislativa se produce tras las declaraciones vertidas por el presidente Ortega el pasado mes de julio, durante el 47.º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. En dicha ocasión, el mandatario —quien gobierna el país de manera ininterrumpida desde 2007— anticipó que no permitiría nuevos comicios que pusieran en riesgo el proyecto oficialista, calificando cualquier intento opositor como una amenaza a la soberanía nacional.
Organismos internacionales han reaccionado con preocupación ante este ajuste constitucional. Amnistía Internacional advirtió que la reforma representa un intento por formalizar un sistema de exclusión política, permitiendo al Estado decidir arbitrariamente quién puede ejercer sus derechos fundamentales. Según la organización, esta medida profundiza el cierre del espacio cívico iniciado tras las protestas sociales de 2018 y debilita la separación de poderes en la nación centroamericana.
