Una promoción inmobiliaria vinculada a la pareja de la portavoz del PSOE enfrentó sanciones por tala ilegal en la Costa Brava
El proyecto urbanístico impulsado por la sociedad Aiguacel Costa Brava SL, que estuvo bajo la administración de Sergi Vélez Viola —pareja de la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Montse Mínguez—, generó un conflicto administrativo y ambiental en el municipio gerundense de Palafrugell. La controversia se originó tras la tala no autorizada de aproximadamente 700 árboles en una zona forestal de alto valor paisajístico, lo que motivó la intervención del Ayuntamiento y la paralización cautelar de los trabajos en enero de 2019.
La operación residencial, situada en el enclave de Aigua Xelida (Tamariu), proyectaba inicialmente la construcción de 33 chalés de lujo con vistas al Mediterráneo. El desarrollo, que pretendía transformar tres hectáreas de terreno boscoso, fue denunciado por la plataforma ecologista SOS Costa Brava durante las festividades navideñas de 2018, al detectarse movimientos de tierras y la eliminación masiva de pinos sin contar con la licencia municipal de urbanización preceptiva.
Ante estos hechos, el consistorio de Palafrugell, encabezado en aquel momento por el alcalde Josep Piferrer (ERC), ordenó la suspensión inmediata de las obras el 2 de enero de 2019. Los servicios técnicos municipales levantaron un acta de infracción tras constatar que la promotora había iniciado la ejecución del proyecto antes de que se completara la tramitación administrativa necesaria. El alcalde calificó la actuación de ilegal, mientras que la empresa defendió su posición alegando que los trabajos estaban amparados por un supuesto silencio administrativo positivo, interpretación que fue rechazada por la administración local.
La disputa legal y administrativa se prolongó durante varios años. La sociedad administrada por Vélez interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento en 2019, aunque el procedimiento terminó declarándose caducado en octubre de 2022 debido a la inactividad de la parte recurrente. Durante este periodo, la presión de los colectivos ambientales y las restricciones urbanísticas obligaron a redimensionar el proyecto original, reduciendo el número de viviendas de las 33 iniciales a 15 unidades unifamiliares.
Sergi Vélez Viola, quien cuenta con una amplia trayectoria en el sector inmobiliario con vinculaciones en más de una treintena de sociedades, abandonó la administración de la mercantil —rebautizada como Brisanatura Costa Brava SL— en febrero de 2023. Tras su salida, la gestión del proyecto pasó a manos de otra promotora que ha iniciado recientemente la fase de construcción y comercialización de los inmuebles bajo una nueva denominación comercial.
En la actualidad, las viviendas resultantes de aquel proyecto se ofertan en el mercado inmobiliario de lujo por precios que oscilan entre los 2,58 y los 2,6 millones de euros. Los chalés, de aproximadamente 300 metros cuadrados y dotados de acabados de alta gama y piscinas privadas, representan el desenlace de una promoción que ha estado marcada por el debate sobre la sostenibilidad del litoral y el cumplimiento de la normativa urbanística en la Costa Brava.
Este episodio ha cobrado relevancia pública debido a la posición institucional de Montse Mínguez en el Grupo Parlamentario Socialista, formación que ha hecho de la protección del medio ambiente y la transición ecológica uno de los ejes centrales de su agenda política nacional. La vinculación de su entorno personal con una promoción sancionada por impacto ambiental subraya la complejidad de los equilibrios entre el desarrollo económico regional y la preservación de los espacios naturales protegidos.
