El Gobierno de México ha modificado su postura institucional frente a las investigaciones judiciales de Estados Unidos, transitando de la defensa de la soberanía a un distanciamiento político de los funcionarios señalados. Este cambio de paradigma se consolidó tras las acusaciones formales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra diez políticos de alto nivel, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos operativos con el crimen organizado.
La crisis institucional alcanzó su punto de mayor tensión el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos los pliegos de cargos y órdenes de aprehensión contra el grupo de políticos mexicanos. Según el expediente estadounidense, se imputa a los señalados la protección y colaboración con el Cártel de Sinaloa, basándose en pruebas que vinculan la estructura política con actividades de narcotráfico, incluyendo la controvertida elección estatal de 2021.
A pesar de que la administración federal mexicana calificó inicialmente las acciones de Washington como una «injerencia», el blindaje retórico se fracturó el 1 de mayo, cuando Rocha Moya solicitó licencia temporal a la gubernatura de Sinaloa. El objetivo declarado de la separación del cargo fue facilitar las indagatorias y mitigar el impacto político sobre el proyecto de la denominada Cuarta Transformación, en un escenario de creciente presión por parte de agencias como la DEA.
El punto de quiebre definitivo ocurrió el 22 de agosto de 2026. Tras un intento del mandatario sinaloense por reincorporarse a sus funciones el día previo, la presidenta Claudia Sheinbaum reprobó públicamente la acción. La jefa del Ejecutivo confirmó que las pruebas aportadas por las autoridades estadounidenses derivaron en la apertura de carpetas de investigación formales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), invalidando el respaldo político previo hacia el gobernador.
Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA), ha señalado que estas acciones forman parte de una estrategia para evidenciar la permeabilidad del Estado mexicano ante el financiamiento criminal. La presión estadounidense no se ha limitado al ámbito penal; la revocación masiva de visados diplomáticos y turísticos a legisladores, alcaldes y gobernadores ha operado como un mecanismo de aislamiento que ha forzado al oficialismo a purgar sus filas para evitar un costo reputacional mayor.
En este nuevo escenario de cooperación judicial forzosa, el silencio de figuras clave como el expresidente Andrés Manuel López Obrador —quien anteriormente calificó a Rocha Moya como un aliado cercano— subraya el colapso de la solidaridad orgánica dentro del partido gobernante. La marginación de los señalados indica que el uso de la soberanía nacional como defensa ante cargos criminales extranjeros ha perdido eficacia frente a la contundencia de los expedientes judiciales internacionales.
Finalmente, la situación de los diez políticos imputados marca un precedente en la relación binacional, donde la validez de las pruebas presentadas en tribunales de Nueva York ha terminado por imponerse sobre la dinámica política local. El sistema político mexicano enfrenta ahora el reto de gestionar la gobernabilidad interna mientras las fiscalías del norte continúan estrechando el cerco sobre las estructuras de poder vinculadas con economías ilícitas.
