Óscar Puente cuestiona la imparcialidad de la juez que investiga la entrada de migrantes en Ceuta

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha manifestado públicamente sus dudas sobre la imparcialidad de María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional que lidera la investigación penal sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El titular de Transportes cuestionó la base probatoria del proceso judicial y la actuación de la instructora durante una intervención en la Cadena SER.

La investigación encabezada por la juez Tardón se centra en determinar las circunstancias que rodearon el acceso de miles de personas a territorio español. Según el auto judicial, la magistrada destaca una presunta «gestión favorecedora» desde el Reino de Marruecos, aludiendo a indicios de que agentes marroquíes habrían participado en un «guiado activo» de las personas que cruzaron la frontera de forma irregular.

Frente a estas tesis, el ministro Puente ha criticado el informe policial que sustenta la causa, señalando que el documento incluye material gráfico que no corresponde a la ciudad autónoma de Ceuta. El representante del Ejecutivo aseguró que, hasta el momento, la Administración no cuenta con evidencias que permitan calificar la entrada de migrantes como una operación orquestada o ejecutada directamente por el Gobierno marroquí.

En el ámbito de la gestión migratoria, Puente subrayó que el Gobierno de España trabaja para ubicar a las personas trasladadas en emplazamientos que minimicen el impacto en la convivencia ciudadana. No obstante, el ministro denunció el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Ceuta en el seno del Consejo Nacional de Seguridad, lamentando lo que calificó como una falta a la palabra dada por las autoridades locales.

Por el contrario, la magistrada de la Audiencia Nacional mantiene que el comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes se encuentra «gráficamente contrastado» en las diligencias, lo que justificaría el avance de la instrucción penal. Este desencuentro institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se produce en un contexto de máxima sensibilidad en las relaciones diplomáticas con el país vecino y la gestión de la presión migratoria en las fronteras terrestres de la Unión Europea.