Familiares de las víctimas de los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, junto a destacados líderes de la oposición en Israel, han intensificado su reclamo para la creación de una comisión estatal de investigación que esclarezca los fallos de seguridad y asuma responsabilidades políticas. Transcurridos tres años desde los sucesos, el debate sobre la rendición de cuentas del Gobierno liderado por Benjamin Netanyahu se mantiene como un eje central de la agenda pública y política del país.
Eyal Eshel, padre de Roni Eshel, una de las soldados fallecidas en la base de Nahal Oz, ha denunciado públicamente que las advertencias previas realizadas por su hija y sus compañeras fueron desestimadas por la cadena de mando. Según el testimonio de Eshel, las militares habían informado sobre movimientos sospechosos, entrenamientos de milicianos y la presencia de drones en la valla fronteriza con Gaza meses antes del ataque. La falta de respuesta institucional es señalada por las familias como un factor determinante en el desenlace que cobró la vida de más de 1.200 personas.
Desde el bloque opositor, figuras como Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Ejército, y los exprimeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid, han formalizado el compromiso de establecer dicha comisión en caso de alcanzar el poder. Lianne Pollack-David, candidata del partido Yashar, sostiene que la investigación es una obligación moral con la nación y un paso necesario para restaurar los valores de responsabilidad institucional. Por su parte, Eitan Ginzburg, del partido Juntos, subraya que el aislamiento internacional actual de Israel refuerza la necesidad de que el Ejecutivo asuma las consecuencias de la gestión realizada antes y durante la crisis.
El Gobierno de coalición, por el contrario, mantiene una postura divergente respecto a la composición y el liderazgo de este organismo investigador. Amijai Chikli, ministro para la Diáspora y miembro del Likud, ha reconocido la necesidad de obtener respuestas, pero rechaza que la comisión sea designada unilateralmente por la presidencia del Tribunal Supremo. La propuesta oficialista se inclina por un mecanismo paritario con capacidad de veto mutuo entre Gobierno y oposición, una fórmula que ha sido rechazada por sus adversarios políticos al considerar que compromete la independencia del proceso.
En el ámbito social, la demanda de transparencia cuenta con un amplio respaldo ciudadano. Según datos del Instituto para la Democracia en Israel (IDI), el 71% de los judíos israelíes considera prioritario que el próximo Ejecutivo nombre una comisión de investigación oficial. Este sentimiento es compartido por el 52% de la población árabe-israelí, lo que refleja un consenso mayoritario sobre la urgencia de auditar las actuaciones de los servicios de inteligencia, el Ejército y los responsables de la toma de decisiones políticas.
Mientras se dirime el futuro político del país, los colectivos de víctimas como el Consejo de Octubre aseguran haber recopilado información que apunta a que el Gobierno tenía conocimiento de las amenazas antes del 7 de octubre. La negativa de Netanyahu a reunirse con ciertos sectores de damnificados y la persistencia de las discrepancias sobre el formato de la investigación mantienen abierta una herida social que busca resolución en los tribunales y en las urnas.
