Países Bajos propone elevar a 21 años la edad mínima para ejercer la prostitución
El Gobierno de Países Bajos ha anunciado un plan integral para reformar el sector del trabajo sexual, que incluye elevar la edad mínima legal de los 18 a los 21 años y la introducción de una prohibición específica sobre el proxenetismo. La iniciativa, presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, busca reforzar la protección de las personas vulnerables y combatir la explotación en una industria que fue legalizada en el país en el año 2000.
El ministro de Justicia y Seguridad, David van Weel, señaló que la medida responde a un compromiso del acuerdo de coalición entre los tres partidos de centroderecha que integran el Ejecutivo. Según el titular de la cartera, los jóvenes son «especialmente vulnerables a la coerción», por lo que el aumento del límite de edad es una prioridad para garantizar la seguridad de quienes se incorporan al sector.
Persecución del proxenetismo y supervisión municipal
Además de la restricción de edad, el Ejecutivo estudia la implantación jurídica del concepto de «proxenetismo prohibido». Esta figura legal permitiría a las autoridades perseguir de manera más efectiva a terceros que obtengan beneficios económicos de la explotación ajena o del trabajo sexual ilegal, centrándose en los denominados «facilitadores malintencionados» que se aprovechan de personas en situación irregular.
Como parte del paquete legislativo, el Gobierno remitirá al Parlamento el Proyecto de Ley de Supervisión Municipal de Empresas Sexuales (Wgts). Esta normativa facultará a los municipios para procesar datos de las trabajadoras sexuales, facilitando la supervisión del cumplimiento de las licencias y reforzando las labores de inspección en los establecimientos.
Antecedentes y contexto regulatorio
La propuesta de elevar la edad mínima a los 21 años no es nueva en el debate político neerlandés. Aunque actualmente la regulación depende de las ordenanzas municipales —donde ciudades como Ámsterdam ya aplican el límite de 21 años desde 2013—, el Estado busca ahora una unificación legislativa a nivel nacional. La medida cuenta con precedentes parlamentarios desde 2009, basados en informes policiales que alertaban sobre el reclutamiento de menores por parte de redes de explotación.
En 2019, un intento previo de reforma liderado por el entonces primer ministro Mark Rutte fue rechazado por el Senado. En aquella ocasión, el proyecto vinculaba el aumento de edad a un sistema de registro obligatorio que generó preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos de las trabajadoras. El actual Gobierno pretende sortear estos obstáculos legales buscando una vía que garantice la protección jurídica y social sin comprometer la confidencialidad de quienes ejercen la actividad de manera legal.
Desde el Ministerio de Justicia han reiterado que estas medidas son «dirigidas y eficaces», con el objetivo de marcar una diferencia real en la seguridad de un sector que continúa bajo un intenso escrutinio institucional por los riesgos de vulnerabilidad asociados.
