La justicia suspende de forma indefinida el desahucio de una familia vulnerable en Leganés

El Juzgado ha decretado la paralización indefinida del lanzamiento de Josefina, una mujer viuda de 62 años que reside junto a sus cinco hijos en una vivienda de la Agencia de Vivienda Social (AVS) en el municipio de Leganés. La decisión judicial se produce tras la estimación de un nuevo recurso legal que acredita la situación de vulnerabilidad extrema de los moradores y la ausencia de una alternativa habitacional garantizada por las administraciones públicas.

La defensa jurídica de la familia, respaldada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, fundamentó el recurso en las disposiciones del actual Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno central para la protección de personas en situación de vulnerabilidad. Según han informado fuentes de la plataforma, la afectada cumple con tres de los requisitos esenciales de la normativa vigente, lo que ha motivado el cese del procedimiento de desahucio que estaba fijado para este martes, tras un intento previo el pasado 6 de octubre.

El conflicto administrativo se remonta al fallecimiento del marido de Josefina, quien era el titular original del contrato de arrendamiento adjudicado por el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). Tras el deceso, la interesada inició los trámites de subrogación para regularizar su titularidad. No obstante, la administración de vivienda notificó posteriormente el archivo del expediente alegando una supuesta falta de documentación, situación que derivó en el inicio del proceso de lanzamiento.

En el plano socioeconómico, el recurso subraya que la afectada presenta una discapacidad reconocida que le impide el acceso al mercado laboral. Asimismo, se ha hecho hincapié en la compleja situación de la unidad familiar, destacando que uno de los hijos requiere atención especial debido a graves problemas de salud relacionados con drogodependencias, factor que refuerza el criterio de especial vulnerabilidad ante la justicia.

A pesar de que los hijos de la mujer son mayores de edad, la defensa sostiene que este hecho no extingue la necesidad de protección social, dado que la precariedad económica persiste y no existe una solución de vivienda alternativa para el grupo familiar. La paralización indefinida concede un margen temporal para que los servicios sociales y la Agencia de Vivienda Social reevalúen el caso bajo los nuevos parámetros normativos de protección habitacional.

Este caso se suma a las recientes intervenciones de colectivos civiles en la Comunidad de Madrid, que demandan una mayor coordinación entre los juzgados y las entidades de vivienda pública para evitar que familias sin recursos queden en situación de desamparo institucional tras procesos de regularización administrativa fallidos.