La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, ha comparecido este miércoles ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo para desvincularse de la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes. Durante su declaración, la ingeniera ha reconocido haber recibido el currículo de Rodríguez a través de Koldo García, entonces asesor del ministro, aunque ha subrayado que carecía de competencias directas para su fichaje y que se limitó a dar traslado del documento a la presidencia de Ineco.
Pardo de Vera ha explicado ante el tribunal que, al tener conocimiento de la relación sentimental entre la empleada y el exministro, contactó con Ábalos para advertirle de que la situación suponía un «conflicto de intereses claro» que impedía su continuidad en entes públicos. Según el testimonio de la exdirectiva, el entonces titular de la cartera de Transportes respondió delegando la decisión en su criterio profesional. Jésica Rodríguez encadenó contratos en Ineco y Tragsatec entre 2019 y 2021, percibiendo un total de 44.000 euros por empleos a los que, según reconoció ella misma en una comparecencia anterior, nunca llegó a asistir.
En relación con la estructura del denominado ‘caso Koldo’, la testigo ha manifestado su extrañeza por la presencia frecuente del empresario Víctor de Aldama en la sede ministerial. Pardo de Vera ha señalado que le resultó llamativo encontrar al comisionista en el despacho de Ábalos junto a su asesor, incluso en ausencia del propio ministro. La expresidenta de ADIF ha afirmado que trasladó esta preocupación al entorno ministerial al no comprender el papel de Aldama en la institución, una situación que, según sus palabras, ya generaba suspicacias entre los trabajadores y bedeles del Ministerio.
La declaración se produce en un contexto en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que Koldo García se habría valido de la posición de Pardo de Vera para materializar presuntos amaños en contratos públicos entre junio de 2018 y julio de 2021. Los informes de los investigadores apuntan a que la ingeniera gallega y otros altos cargos podrían haber facilitado información clave siguiendo directrices del círculo cercano al exministro para favorecer ciertas adjudicaciones, extremo que la testigo ha negado durante la sexta jornada del juicio.
Actualmente, Isabel Pardo de Vera se encuentra bajo investigación en la Audiencia Nacional por la presunta comisión de cinco delitos: malversación, tráfico de influencias, organización criminal, prevaricación y cohecho. La instrucción analiza si el entorno de Ábalos influyó de manera determinante en los procesos de contratación de personal y en la adjudicación de obra pública a través de empresas vinculadas a la trama, mientras la UCO recopila indicios sobre las comunicaciones entre Koldo García y la entonces presidenta de ADIF para agilizar los trámites de contratación de personas específicas.
