El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la imputación de Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno y expresidente de la entidad pública Correos, en el marco de la investigación judicial conocida como el «caso Leire». La decisión se produce tras los recientes informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que atribuyen al exdirectivo una participación destacada en las presuntas irregularidades objeto de examen.
La investigación se centra en dos líneas principales de actuación. Por un lado, la supuesta existencia de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y, por otro, la presunta ejecución de maniobras destinadas a desestabilizar procedimientos judiciales en curso. Según el criterio de los investigadores, Serrano habría mantenido una posición de influencia clave en el desarrollo de estas operativas durante su etapa al frente del servicio postal público.
Uno de los puntos determinantes para la imputación reside en la contratación de Leire Díez, exmilitante socialista, en el seno de Correos. La UCO califica este movimiento como una incorporación «estratégica» que se habría materializado, presuntamente, bajo la intermediación directa de Serrano. El análisis de las comunicaciones intervenidas entre ambos sugiere, según los agentes, una colaboración estrecha dirigida a la consecución de objetivos específicos dentro de la estructura institucional.
Asimismo, las pesquisas judiciales indagan en una supuesta red diseñada para interferir en causas que afectan a intereses del entorno gubernamental y del Partido Socialista. Los informes remitidos al juzgado recogen indicios sobre intentos de comprometer la integridad de procesos judiciales, incluyendo gestiones que podrían haber buscado incidir en la labor de magistrados encargados de otras causas de relevancia pública, como el caso de los ERE.
Con esta citación en calidad de investigado, el juez Pedraz busca esclarecer el grado de responsabilidad de Serrano en los hechos descritos por la Guardia Civil. El procedimiento continúa su curso con la práctica de nuevas diligencias y el análisis del material documental incautado, mientras la causa se mantiene bajo la supervisión de la Audiencia Nacional para determinar el alcance total de la trama de desestabilización denunciada.
