Cocem cifra en 25 millones de euros las pérdidas del comercio en Sol por la acampada
La Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid (Cocem) ha solicitado formalmente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el fin de la acampada instalada en la Puerta del Sol. Según los cálculos de la organización empresarial, el impacto económico para el comercio de proximidad de la zona asciende ya a cerca de 25 millones de euros en pérdidas tras semanas de movilizaciones.
A través de una carta remitida este viernes, la patronal que agrupa a los gremios del pequeño comercio madrileño ha calificado la coyuntura de «dramática» y asegura que la situación ha sobrepasado los «límites razonables» de la convivencia. La organización advierte de que la permanencia de la protesta está generando perjuicios severos en la actividad comercial, dificultando tanto el acceso de los clientes como el desarrollo de la jornada laboral de los empleados del sector.
En el documento, Cocem sostiene que el derecho a la reivindicación ciudadana ha rebasado los cauces proporcionales, afectando los derechos e intereses de otros ciudadanos. «Consideramos que esta situación ha rebasado ampliamente los límites de una reivindicación ciudadana perjudicando los derechos e intereses de muchos ciudadanos que están privados de libertades fundamentales», reza el comunicado enviado a la Delegación del Gobierno.
La confederación vincula esta crisis con la fragilidad estructural que atraviesa el sector minorista en la región. Según datos de la propia entidad, el comercio de proximidad en Madrid ha registrado el cierre de más de 6.000 establecimientos durante el último año. Cocem subraya que incidentes como el de la Puerta del Sol no hacen sino «acelerar y potenciar la pérdida del más vulnerable» de sus activos comerciales.
Asimismo, los empresarios denuncian que en el entorno de la acampada se están produciendo «actitudes vandálicas, violentas y conflictos diarios». Desde el sector consideran que el tiempo transcurrido ha sido «más que suficiente» para que los manifestantes trasladen sus demandas a las autoridades competentes y no entienden la prolongación de una medida que, a su juicio, perjudica a la ciudadanía y a la imagen de la ciudad en general.
La petición de Cocem se suma a las tensiones políticas recientes en torno a esta protesta, incluyendo las denuncias presentadas por la administración autonómica ante la Fiscalía por presuntas amenazas proferidas en el marco de la misma acampada. Hasta el momento, la Delegación del Gobierno no ha emitido una respuesta oficial sobre la solicitud de desalojo formulada por los comerciantes.
