La reciente mención de la perspectiva de género en la planificación urbana como un factor de «sobrerregulación» en el mercado inmobiliario ha devuelto al primer plano político un debate técnico y jurídico que afecta al desarrollo de las ciudades españolas. El análisis del impacto diferenciado por sexos en el urbanismo, lejos de ser una práctica reciente, se encuentra integrado en el marco normativo estatal y autonómico, condicionando la tramitación de nuevos proyectos residenciales y de infraestructuras.
La incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo no se traduce en la construcción de viviendas diferenciadas por sexos, sino que se centra en la ordenación del espacio público y la distribución de equipamientos. Según los expertos y la normativa vigente, este criterio obliga a las administraciones a diseñar barrios que tengan en cuenta patrones de movilidad vinculados a las tareas de cuidados —como el acceso a colegios, centros de salud o comercios—, así como la seguridad en el espacio público mediante una iluminación adecuada y la eliminación de ángulos ciegos en la vía pública.
El sustento legal de estas exigencias se encuentra en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En su artículo 31, la norma establece que las administraciones públicas deben considerar la perspectiva de género en el diseño de las ciudades y en la ejecución del planeamiento urbanístico. Esta obligación ha generado, en la última década, una compleja actividad administrativa que incluye la redacción de informes de impacto de género para avalar los planes generales de ordenación municipal.
La controversia jurídica en torno a estos informes alcanzó su punto álgido en 2017, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte por carecer de dicho documento. La sentencia puso en riesgo el desarrollo de 26.000 viviendas proyectadas a 15 años. Sin embargo, en 2018, el Tribunal Supremo revocó esta decisión, estableciendo que el informe de impacto de género no es un trámite obligatorio si la legislación autonómica específica no lo exige expresamente, aunque reafirmó que la igualdad debe ser un principio inspirador de todo plan urbanístico.
En un intento por simplificar la carga burocrática y reducir la inseguridad jurídica que paralizaba ciertos desarrollos, la Comunidad de Madrid aprobó en 2022 la Ley 11/2022. Esta reforma de la Ley del Suelo eliminó la obligatoriedad de presentar informes específicos sobre identidad de género y orientación sexual en la tramitación de instrumentos de planeamiento, alegando la necesidad de agilizar la actividad económica. No obstante, el principio de igualdad efectiva permanece como un criterio orientador en las guías técnicas de la región para el diseño de barrios accesibles y funcionales.
Actualmente, el debate se sitúa en el equilibrio entre la necesidad de agilizar la creación de oferta residencial para abaratar los precios y el cumplimiento de unos estándares de planificación que garanticen que los nuevos entornos urbanos respondan a las necesidades de toda la población, independientemente de sus circunstancias socioeconómicas o de género.
