La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciado la apertura de una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades tras la difusión de unas imágenes en las que se observa a un agente de la Policía Nacional empujando a una manifestante. Los hechos ocurrieron este domingo en las inmediaciones de la Conselleria de Educación, en el marco de las movilizaciones por la huelga indefinida de la enseñanza pública valenciana.
Bernabé ha calificado el incidente de «inaceptable» e «incomprensible», subrayando que la protección del derecho a manifestarse con seguridad debe prevalecer «por encima de cualquier circunstancia». Según el registro audiovisual de los sindicatos y asistentes, el agente empujó por la espalda a una mujer, quien cayó al suelo de forma violenta, provocando las recriminaciones de los presentes ante lo que consideraron una actuación desproporcionada.
Desde la Delegación del Gobierno han lamentado que este suceso pueda «empañar» el trabajo de coordinación realizado entre la Policía Nacional y los sindicatos durante las últimas tres semanas de protestas. La delegada ha confirmado que se encuentra en contacto permanente con los representantes de los trabajadores para analizar lo sucedido y mantener los cauces de diálogo abiertos, tras calificar la colaboración previa como «ejemplar».
Por su parte, las organizaciones sindicales STEPV, CCOO y UGT han manifestado su apoyo a la compañera afectada y han denunciado la intervención como una «carga innecesaria». Los representantes sindicales han optado por permanecer en el interior de la Conselleria de Educación a pesar de que la administración dio por concluida la reunión de este domingo, al no haberse alcanzado un acuerdo satisfactorio sobre el pacto de bases y la reapertura de la negociación salarial.
El conflicto en la enseñanza pública valenciana se mantiene en un punto de bloqueo tras el fracaso de este último intento de mediación. Mientras los sindicatos exigen compromisos firmes para desconvocar el paro indefinido, el incidente policial añade un nuevo elemento de tensión a una negociación que ya se veía dificultada por las discrepancias en torno a las retribuciones y la gestión de los servicios mínimos en los centros educativos.
