El PNV destaca que el aval del Constitucional a la amnistía devuelve el conflicto a la esfera política
La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha valorado positivamente el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, señalando que la sentencia permite que la resolución del conflicto catalán regrese al ámbito político. En una comparecencia ante los medios, Vaquero ha afirmado que los asuntos de naturaleza política no deben dirimirse en los tribunales y ha considerado que este proceso nunca debió haber sido judicializado.
Para la representante nacionalista, el fallo del tribunal de garantías resulta coherente con la voluntad democrática expresada por la mayoría parlamentaria que aprobó la norma en las Cortes Generales. Vaquero ha recordado que el PNV siempre ha defendido la aplicación de la ley en su integridad, subrayando que el espíritu del legislador buscaba una cobertura total y no parcial de los hechos vinculados al proceso independentista.
La sentencia tiene su origen en los recursos de amparo interpuestos por los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa. El pronunciamiento del Constitucional establece que la amnistía debe aplicarse también al delito de malversación por el que fueron condenados diversos líderes catalanes, al considerar que los actos no supusieron un beneficio patrimonial personal ni afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea en los términos que excluye la ley.
Como consecuencia directa de esta doctrina, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha procedido a levantar la orden de detención que pesaba sobre el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Vaquero ha calificado la doctrina del tribunal como clara y ajustada al marco normativo aprobado por el Congreso de los Diputados hace unos meses.
Esta reacción del PNV se suma a la de otras instituciones, como el Gobierno de la Generalitat liderado por Salvador Illa, que también ha celebrado el fallo judicial al considerar que Cataluña avanza hacia una fase de normalización institucional. Con esta resolución, se despejan las dudas jurídicas sobre uno de los puntos más controvertidos de la aplicación de la medida de gracia.
