El PNV ha anunciado su decisión de adoptar una posición diferenciada ante los decretos ley en materia de vivienda que se tramitan en el Congreso de los Diputados. La portavoz de la formación jeltzale, Maribel Vaquero, ha confirmado que su grupo votará a favor del primer decreto para garantizar su «función social», mientras que rechazará el segundo, relativo a la prórroga indefinida de los alquileres, por considerar que se ha elaborado de forma apresurada y sin el consenso necesario.
Vaquero ha fundamentado el respaldo al primer paquete de medidas por «coherencia y responsabilidad», al ser un texto que ya contó con el apoyo del PNV en el Pleno. Esta norma incluye correcciones para limitar la compra de viviendas por parte de fondos de inversión y amplía el plazo de protección frente a desahucios hasta el año 2030. No obstante, la diputada ha calificado la medida como «un parche» y ha advertido de que «regular en caliente» no es la vía más adecuada para solventar la crisis habitacional.
En cuanto al segundo decreto, que contempla la prórroga indefinida de los contratos de arrendamiento, el PNV ha adelantado su voto negativo. La portavoz ha denunciado la falta de diálogo parlamentario, señalando que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, no contactó con los grupos para debatir la propuesta. Según la formación vasca, no se puede legislar «a prisas y corriendo» sobre una materia que requiere seguridad jurídica y un análisis profundo del mercado.
La representante jeltzale ha subrayado la importancia de proteger la figura del pequeño propietario para no agravar la falta de oferta. En este sentido, ha recordado que en Euskadi el 81% de la vivienda en alquiler pertenece a pequeños propietarios y ha advertido contra la tendencia de generar un escenario de confrontación entre dueños e inquilinos. Vaquero ha puntualizado que medidas de este calado pueden resultar contraproducentes si provocan una retirada de inmuebles del mercado del alquiler.
Asimismo, el PNV ha cuestionado las comparativas realizadas por el Gobierno con otros estados europeos como Alemania. La formación sostiene que las realidades sociales y las trayectorias históricas son diferentes, destacando que en otros países de la Unión Europea los porcentajes de población en régimen de alquiler son significativamente superiores a los registrados en España, lo que impide trasladar las mismas soluciones de forma directa.
Finalmente, en relación con los pisos turísticos, Vaquero ha defendido la aplicación de un IVA del 10%, equivalente al tipo que grava los servicios de hospedaje, para acabar con la exención actual. También ha instado a regular con mayor precisión la vivienda de temporada, tras detectar un trasvase de inmuebles desde el alquiler habitual hacia esta modalidad con el fin de eludir la Ley de Vivienda de 2023, lo que ha calificado como un «fraude de ley» que perjudica el acceso a la residencia permanente.
