Podemos y Alianza Verde rechazan la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030
El Gobierno de España ha oficializado la extensión de la vida operativa de la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, hasta junio de 2030. La decisión, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha generado una reacción crítica inmediata por parte de Podemos y Alianza Verde, formaciones que consideran la medida un incumplimiento de los compromisos de transición ecológica y de los acuerdos programáticos del Ejecutivo.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado la resolución de «bochornosa» y ha cuestionado la dirección política del Gobierno tras el anuncio. A través de sus canales oficiales, Belarra vinculó esta prórroga con una supuesta falta de cumplimiento en otras áreas, como la vivienda, y señaló que este tipo de decisiones suponen un alejamiento de las políticas de izquierda. En la misma línea, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández, ha manifestado su rotundo rechazo a la energía nuclear, calificando la extensión de «auténtica vergüenza».
Por su parte, Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, ha denunciado que la prórroga se ha concedido con «agosticidad y alevosía», argumentando que la medida interfiere con el despliegue de las energías renovables. Según López de Uralde, la decisión rompe el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el calendario de cierre nuclear que había sido pactado previamente. La formación ecologista sostiene que no existe una justificación técnica dentro de la Ley de Cambio Climático para esta ampliación y atribuye la medida a presiones del sector energético.
Desde el sector crítico se ha subrayado que el cumplimiento del cierre nuclear formaba parte del acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar. Alianza Verde ha exigido explicaciones al conjunto del Gobierno, advirtiendo de que esta prórroga para la planta de Almaraz podría suponer el primer paso para retrasar el desmantelamiento de otras centrales del parque atómico español, cuyo horizonte de cierre definitivo se mantiene, por el momento, en el año 2035.
La publicación en el BOE ratifica la continuidad de la actividad en la planta extremeña durante los próximos seis años, una decisión que el Ejecutivo encuadra en la garantía del suministro eléctrico durante el proceso de transición energética, a pesar de las discrepancias manifestadas por sus socios de investidura y las fuerzas políticas de corte ecologista.
