Podemos responsabiliza al Gobierno de la previsible derogación del decreto sobre alquileres en el Congreso
El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado este lunes al Ejecutivo como responsable del probable rechazo parlamentario al decreto ley para la prórroga de los contratos de alquiler. Según el dirigente, el Gobierno no ha logrado asegurar los apoyos necesarios ante el anuncio de voto negativo por parte de PP, Vox y Junts, cuya suma de 176 escaños aboca la norma a la derogación en la sesión de convalidación prevista para el próximo 28 de abril.
La normativa en cuestión, que se encuentra actualmente en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece la prórroga de los contratos de arrendamiento que vencen en 2026 y 2027, además de limitar el incremento de los precios al 2%. Sin embargo, la actual aritmética parlamentaria y el posicionamiento de los grupos de la oposición comprometen la continuidad de estas medidas más allá de la votación en la Cámara Baja.
Fernández ha calificado de «incomprensible» que el Ejecutivo no haya garantizado la estabilidad de la norma antes de su debate parlamentario. A juicio del portavoz de la formación morada, el Gobierno parece haber priorizado el «retratar a la derecha» frente a la implementación de medidas efectivas que garanticen el acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos frente a las subidas de precios.
Desde Podemos han confirmado que su voto será favorable a la convalidación del texto, si bien han advertido que mantendrán su exigencia de medidas de mayor calado. Entre las propuestas del grupo se encuentran la intervención directa del mercado para bajar los precios por ley y la recuperación de la moratoria antidesahucios, argumentando que la voluntad política del Ejecutivo ha sido insuficiente desde la redacción inicial del decreto.
Asimismo, el coportavoz ha criticado la estrategia de tramitación, cuestionando que la prórroga de los alquileres no fuera incluida en el decreto ley de rebajas fiscales diseñado para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, lo que habría modificado el escenario de negociación parlamentaria.
En otro orden de temas, Fernández se ha pronunciado sobre el decreto de rebajas fiscales en materia de carburantes. El dirigente ha sostenido que la reducción del IVA no ha tenido el impacto esperado en la economía de las clases trabajadoras, debido a que el precio del diésel en el surtidor ya supera los niveles previos a la aplicación de la medida.
Finalmente, Podemos ha instado al Gobierno a reconsiderar su política fiscal en el sector energético, proponiendo la sustitución de las rebajas de impuestos por el establecimiento de precios máximos. Según la formación, las ayudas actuales, valoradas en 5.000 millones de euros de dinero público, están beneficiando los márgenes de beneficio de las grandes empresas del sector sin traducirse en un ahorro real para el consumidor final.
