Los informes de los servicios de inteligencia y de la Policía Nacional contradicen la versión oficial mantenida por el Gobierno sobre la autoría de la crisis migratoria ocurrida en la ciudad autónoma de Ceuta. Mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vinculado públicamente dicho episodio con una orquestación por parte de Rusia, Israel o una supuesta alianza de ultraderecha internacional, los documentos remitidos a la Audiencia Nacional señalan directamente a la inteligencia de Marruecos como la entidad organizadora de la entrada masiva de personas.
Un informe elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que ya obra en poder de la jueza María Tardón, atribuye la organización de los hechos a los servicios de inteligencia de Rabat. Esta tesis oficial de las fuerzas de seguridad desactiva el argumento de la «inacción» marroquí y sitúa al país vecino como impulsor activo de la crisis. Asimismo, la documentación filtrada revela que el Ministerio del Interior fue advertido de la inminencia de una avalancha migratoria días antes de que se produjera, un extremo que el Ejecutivo había negado hasta el momento de forma reiterada.
La posición de la Unión Europea refuerza la discrepancia con el relato del Palacio de la Moncloa. El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en un informe compartido con el Gobierno de España, concluyó que no existen pruebas concluyentes que indiquen que la crisis fuera desencadenada por desinformación de actores estatales extranjeros. Si bien Bruselas reconoce que elementos próximos a la inteligencia rusa intentaron explotar la crisis en redes sociales con posterioridad, no avala las acusaciones de Sánchez relativas a Israel o a la citada alianza internacional de extrema derecha.
En el seno del Ejecutivo, la publicación de estos informes oficiales ha provocado una situación de inestabilidad interna. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dirigido una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, solicitando explicaciones ante lo que se considera un fallo en el control de la información sensible. La filtración sitúa al titular de Interior en una posición de debilidad dentro del Consejo de Ministros, al verse cuestionada la eficacia de su departamento en la gestión de datos críticos para la política exterior y de seguridad nacional.
La controversia surge en la víspera de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para explicar los sucesos de Ceuta. La judicialización de los informes policiales complica la estrategia de comunicación del Gobierno, que mantiene una política de apaciguamiento diplomático con Marruecos. La oposición, por su parte, ha señalado la contradicción entre las declaraciones del jefe del Ejecutivo y los informes técnicos de sus propios servicios de inteligencia como un factor que debilita la credibilidad de la versión oficial ante la cámara legislativa.
