Policías y guardias civiles se manifiestan en Madrid para exigir la jubilación anticipada y el reconocimiento de profesión de riesgo
Miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han manifestado este sábado por las calles de Madrid para reclamar al Gobierno la aplicación «inmediata» de la jubilación anticipada y el reconocimiento de su labor como profesión de riesgo. La movilización, que ha discurrido desde la Puerta del Sol hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados, responde a la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio del Interior y al incumplimiento, según denuncian los convocantes, de las sentencias judiciales relativas a sus condiciones de retiro.
La protesta ha sido impulsada por la plataforma Jusapol, el sindicato Jupol y la asociación Jucil, quienes han calificado la jornada de «éxito rotundo». Según cifras facilitadas por la organización, cerca de 15.000 personas han secundado una marcha que busca visibilizar el malestar del colectivo ante lo que consideran un trato discriminatorio respecto a las policías autonómicas y locales, que ya cuentan con coeficientes correctores para la jubilación anticipada.
Durante la lectura del manifiesto frente a la sede parlamentaria, Miguel Gómez, presidente de Jusapol, ha denunciado que el Ejecutivo está «incumpliendo una obligación legal» derivada de la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los agentes a la jubilación anticipada. Gómez ha subrayado que la situación actual no es una cuestión técnica, sino una «decisión política» que perpetúa la existencia de «policías de primera y de segunda» en función de su adscripción administrativa o territorial.
Por su parte, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha incidido en que la paciencia del colectivo se ha agotado ante los «continuos retrasos» en la mesa técnica. Rivero ha recordado que la equiparación salarial pactada en 2018 aún no se ha completado de forma real y efectiva, y ha instado al Ministerio del Interior a tramitar de urgencia el reconocimiento de profesión de riesgo, una medida que permitiría mejorar las condiciones de retiro y las prestaciones por incapacidad.
Uno de los puntos de mayor fricción reside en el borrador del Real Decreto sobre jubilación que maneja el Ministerio. Según las organizaciones policiales, el texto actual excluiría a los guardias civiles y a dos tercios de la plantilla de la Policía Nacional: aquellos encuadrados en el régimen de Clases Pasivas (quienes ingresaron antes de 2011). Los sindicatos exigen que la norma ampare a la totalidad de los agentes, independientemente de su régimen de cotización, para evitar nuevos agravios comparativos.
Desde el Ministerio del Interior han reiterado que existe una voluntad de diálogo y que se trabaja de forma coordinada con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para abordar estas demandas. Fuentes gubernamentales defienden que el Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018 ya ha supuesto una inversión de más de 800 millones de euros, traduciéndose en un incremento salarial medio del 40% para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A la manifestación también se han sumado representantes de otras organizaciones como el sindicato CSIF, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y colectivos civiles como Nuestro Corazón por Bandera. Los organizadores han advertido que esta movilización marca un «punto de inflexión» y que mantendrán el calendario de protestas y acciones judiciales si no se producen avances significativos en las próximas reuniones de la mesa técnica.
