El PP propone una reforma legal para precisar los supuestos de uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad

El Grupo Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica para modificar la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE). La iniciativa tiene como objetivo ampliar y dotar de mayor concreción técnica los supuestos en los que los agentes pueden utilizar armas de fuego, incluyendo protocolos específicos para la actuación frente a personas armadas y la interceptación de embarcaciones o vehículos que se resistan a detenerse.

La propuesta legislativa plantea sustituir la redacción actual del artículo 5.2.d, que limita el uso de armas a situaciones de «riesgo racionalmente grave» para la vida o la integridad física bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. En su lugar, el PP propone la creación de un nuevo artículo quinto bis que desarrolla de forma pormenorizada las circunstancias habilitantes, buscando reducir la ambigüedad jurídica que, a juicio de la formación, afecta actualmente a los operativos policiales.

Según el texto presentado, los miembros de las FCSE estarían autorizados a emplear sus armas de fuego en situaciones de grave riesgo para la seguridad ciudadana o la integridad propia y de terceros. Como norma general, el uso del arma deberá ir precedido de una advertencia e intimidación clara para que cese la conducta hostil, excepto cuando la inminencia del peligro haga imposible este paso sin incrementar el riesgo para las personas involucradas.

La proposición identifica como situaciones de «necesidad absoluta» las actuaciones frente a individuos que porten armas de fuego o blancas y se resistan a su entrega o detención. Para estos casos, la norma establece que los agentes deberán haber advertido e intimado al sujeto de manera «clara y terminante» al menos en dos ocasiones previas, siempre que no sea posible emplear medios menos lesivos para neutralizar la amenaza.

En el ámbito marítimo y de transportes, la reforma contempla el uso de armas contra embarcaciones u otros medios cuando sus ocupantes ignoren reiteradamente las órdenes de detención. La iniciativa regula la técnica del «fuego inhabilitante» (disabling fire), destinada a inutilizar los sistemas de propulsión o guiado. El texto prevé que, si no es posible realizar la advertencia por voz o megafonía, se puedan efectuar disparos al aire antes de dirigir el fuego contra el medio de transporte, salvo que se observe que los ocupantes portan armas o utilicen el vehículo como medio de agresión directa contra los agentes.

En su exposición de motivos, el Grupo Popular justifica la reforma ante la «limitada» regulación de rango legal existente y la evolución de la criminalidad en España. El texto subraya la necesidad de ofrecer un marco jurídico «más preciso y seguro» para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, citando expresamente el incremento de la violencia en las rutas del narcotráfico y el Informe de Seguridad Nacional de 2025, que advierte sobre el uso de medios de transporte cada vez más sofisticados por parte de las organizaciones criminales.