El PP reclama responsabilidades políticas al Gobierno de Asturias por la gestión de un recurso para menores en Oviedo
La diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias, Beatriz Polledo, ha solicitado al Ejecutivo presidido por Adrián Barbón explicaciones detalladas sobre el proyecto de acogida de menores tutelados en un inmueble del barrio de La Florida, en Oviedo. La parlamentaria ha exigido aclarar las presuntas irregularidades y posibles vínculos entre la propiedad del edificio y responsables de la Administración autonómica.
Tras el anuncio del Gobierno del Principado de dar traslado de la información recopilada a la Fiscalía, Polledo ha subrayado que esta medida no sustituye la obligación de rendir cuentas en sede parlamentaria. Según la formación popular, el Ejecutivo debe determinar si existió un conflicto de intereses y aclarar quiénes fueron los responsables de la toma de decisiones durante el proceso de selección de dicho recurso habitacional.
La diputada ha centrado sus críticas en la posible existencia de vínculos familiares entre los titulares de la sociedad propietaria del inmueble, García Villamil S.L., y un responsable del área de Infancia de la Consejería de Derechos Sociales. En este sentido, el Grupo Popular ha registrado una serie de preguntas dirigidas a conocer qué controles se aplicaron antes de proponer el piso de La Florida como centro de acogida y quién tenía conocimiento de las circunstancias que rodeaban a la propiedad.
Desde el Partido Popular se ha cuestionado la evolución de los acontecimientos en las últimas semanas. Polledo ha recordado que el 19 de agosto el Gobierno defendía la idoneidad del recurso para albergar hasta quince menores, mientras que el 31 de agosto la actual consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, anunció el descarte definitivo del emplazamiento alegando «razones técnicas y jurídicas». La oposición insta a la Consejería a hacer públicos los informes que motivaron tanto la elección inicial como su posterior anulación.
Como parte de la estrategia de fiscalización, el principal partido de la oposición ha anunciado la presentación de una interpelación a la consejera Nerea Monroy en la Junta General. La iniciativa busca determinar si la gestión respondió a criterios puramente administrativos o si existieron intereses ajenos al procedimiento que debieron ser detectados con anterioridad por los mecanismos de control interno del Principado.
Finalmente, la representante popular ha advertido de que la apertura de la vía judicial no debe ser utilizada para eludir el debate político. Polledo ha incidido en que el Gobierno no puede derivar la responsabilidad exclusivamente hacia los procedimientos administrativos o el cuerpo de funcionarios, subrayando que la transparencia institucional exige que los responsables políticos rindan cuentas ante la ciudadanía por las posibles deficiencias detectadas en la supervisión del expediente.
