El PPCV solicita el cese de Ximo Puig como embajador ante la OCDE tras el procesamiento de su hermano
El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Gil, ha exigido este sábado el cese inmediato del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, como embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La petición surge tras conocerse que la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado el procesamiento de su hermano, Francis Puig, por presuntas irregularidades en la obtención de subvenciones públicas.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha ratificado la decisión judicial de sentar en el banquillo a Francis Puig y a Juan Enrique Adell Bover, administradores de las mercantiles Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente. El tribunal ha rechazado los recursos presentados por las defensas, confirmando la investigación sobre las ayudas destinadas al fomento del valenciano en medios de comunicación percibidas entre los años 2015 y 2018.
Según el auto judicial, se investiga la gestión de subvenciones otorgadas por la Generalitat Valenciana a las empresas vinculadas a Francis Puig y Mas Mut Produccions SL. El Partido Popular, que ha ejercido un papel activo en la denuncia de estos hechos, sostiene que la resolución judicial confirma la existencia de un entramado organizado para captar fondos públicos de manera irregular durante los mandatos de Ximo Puig al frente del Consell.
Carlos Gil ha manifestado a través de un comunicado que el expresidente valenciano no puede mantener su silencio ante lo que califica como un «escándalo» y le ha instado a comparecer públicamente. El dirigente popular ha subrayado que, a su juicio, Puig no es digno de representar a España en un organismo internacional como la OCDE mientras se dirimen las responsabilidades penales derivadas de la gestión de fondos públicos en su etapa de Gobierno.
Desde el PPCV han reclamado asimismo la devolución íntegra de cualquier importe que haya podido ser percibido de forma indebida. «Estamos hablando de miles de facturas y contratos sin expediente que funcionaron durante años», ha señalado Gil, quien ha vinculado este «modus operandi» a una estructura de actuación que se habría prolongado desde la etapa de Ximo Puig como alcalde de Morella hasta su presidencia en la Generalitat.
Por el momento, el entorno del expresidente y actual embajador no ha emitido una valoración oficial sobre la decisión de la Audiencia Provincial ni sobre las exigencias de dimisión planteadas por la formación popular. El proceso judicial continuará su curso para determinar si existió un uso ilícito de los recursos destinados a la promoción lingüística en el ámbito de los medios de comunicación locales.
