El PP denuncia un «conflicto de intereses» en la plusvalía de 900 millones obtenida por los hermanos Escribano en Indra
Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del Partido Popular, ha denunciado este martes un presunto «conflicto de intereses» tras la desinversión de los hermanos Ángel y Javier Escribano en la tecnológica Indra. Según los datos facilitados por la formación, los empresarios habrían obtenido una plusvalía superior a los 954 millones de euros tras vender su participación del 14,3% en la compañía, un movimiento que el dirigente popular vincula con una operación de fusión fallida y el acceso a información privilegiada sobre contratos públicos de defensa.
La formación de la oposición ha puesto el foco en la revalorización de los activos de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) dentro de Indra. Nadal detalló que, a lo largo de 2023, los inversores adquirieron más de 25,26 millones de acciones a precios situados entre los 11,30 y los 16,66 euros. La posterior venta de estos títulos a un precio de 52,34 euros por acción ha generado un beneficio neto que el PP califica de «brutal», cuestionando la transparencia de los procesos de gestión en el seno de la sociedad estatal.
El núcleo de la crítica parlamentaria reside en la dualidad de roles que desempeñó Ángel Escribano. El empresario fue nombrado presidente de Indra en enero de 2025 a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mientras su empresa familiar se mantenía como el segundo mayor accionista de la tecnológica. Durante este periodo, ambas compañías estudiaron una posible fusión que finalmente fue descartada por EM&E, tras denunciar presuntas presiones de la corporación pública para frustrar la integración. Escribano renunció a su puesto el pasado 1 de abril.
Desde el Senado, Alberto Nadal cuestionó si los hermanos Escribano conocían de antemano los planes estratégicos del Gobierno para Indra, entidad que se ha consolidado como el principal contratista en la política de defensa nacional. «Cabe la sospecha de que conocían que Indra iba a recibir un gran número de contratos de defensa antes de invertir en la compañía», señaló el vicesecretario de Economía, exigiendo que se aclare qué información manejaban los empresarios antes de su entrada en el capital y el nombramiento presidencial.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, el Grupo Popular ha anunciado que solicitará la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Asimismo, han insistido en la necesidad de que la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, den cuenta de lo ocurrido en sede parlamentaria.
Finalmente, fuentes parlamentarias han recordado que tanto Gualda como De la Rocha fueron citados previamente ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional sin que comparecieran. En este contexto, se han planteado los días 19 y 26 de mayo como fechas alternativas para que los responsables gubernamentales aclaren los pormenores de la operación y el papel de la administración en los cambios accionariales de la tecnológica.
