El PP vincula la permanencia de Óscar Puente en el Congreso con la necesidad de explicaciones por los accidentes de Adamuz y Urda
El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha cuestionado este martes la decisión del exministro de Transportes, Óscar Puente, de mantener su acta de diputado tras su salida del Gobierno. De los Santos ha señalado que el ex titular de la cartera ministerial debe aclarar su grado de responsabilidad en los accidentes ferroviarios registrados en las localidades de Adamuz y Urda.
Durante una atención a los medios de comunicación en Alicante, enmarcada en la actividad de precampaña para los próximos comicios de noviembre, el representante popular ha subrayado que la continuidad de Puente en la Cámara Baja le permite conservar su condición de aforado. Según De los Santos, esta situación es relevante debido a que el exministro «tendrá que explicar si es corresponsable» de los siniestros ocurridos en la red ferroviaria.
Desde la dirección del Partido Popular se ha criticado que, pese a haber abandonado la gestión directa en el Ejecutivo, Puente siga percibiendo un sueldo público derivado de su responsabilidad parlamentaria. Para De los Santos, la negativa a renunciar al acta de diputado responde a que el exministro «sabe que tiene muchas cosas que explicar» sobre los incidentes técnicos y operativos de su etapa al frente de Transportes.
Asimismo, el vicesecretario popular ha trazado un paralelismo entre la situación de Puente y la de la ex portavoz del Grupo Socialista, Montse Mínguez. De los Santos ha denunciado que Mínguez permanece en la Diputación Permanente del Congreso a pesar de haber comunicado previamente su intención de dejar sus cargos, manteniendo así su remuneración y presencia institucional en la cámara.
Finalmente, Jaime de los Santos ha calificado estos episodios como ejemplos de la gestión política del actual Ejecutivo, la cual ha definido como una dinámica de «mentira permanente». En su intervención, el dirigente popular ha instado a una mayor transparencia y respeto a la ciudadanía por parte de los cargos públicos que cesan en sus funciones ministeriales pero mantienen sus prerrogativas en el Poder Legislativo.


