El PP de Madrid exige el desalojo de la acampada en Sol y responsabiliza al delegado del Gobierno de la situación
El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, han reclamado este lunes la intervención inmediata de la Delegación del Gobierno para proceder al desalojo de la acampada instalada en la Puerta del Sol. Desde el Ejecutivo regional y el grupo parlamentario han señalado al delegado, Francisco Martín, como responsable directo de las consecuencias derivadas de esta concentración, que califican de «ilegal».
Durante una entrevista en Telemadrid, Díaz-Pache ha denunciado la «inacción» del Ejecutivo central ante lo que considera un «foco de suciedad» en el centro de la capital. El portavoz popular ha subrayado el impacto económico negativo que la permanencia de los manifestantes está teniendo sobre el sector comercial de la zona, estimando que los establecimientos cercanos están sufriendo pérdidas de facturación situadas entre el 60% y el 70%. Según el portavoz, se está produciendo una «privatización del espacio público» que afecta tanto a la imagen de la ciudad como a la libertad de movimiento de los ciudadanos.
Asimismo, el portavoz del PP ha advertido sobre la degradación del patrimonio histórico, citando específicamente actos de vandalismo en la Real Casa de Correos y en la estatua del Oso y el Madroño. Para Díaz-Pache, la motivación de la acampada no responde exclusivamente a la causa del acceso a la vivienda, sino que la define como un «movimiento político de izquierda y ultraizquierda» orientado a generar una imagen de conflictividad en las calles madrileñas.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha elevado la preocupación institucional al solicitar a la Delegación del Gobierno que investigue la posible presencia de «organizaciones ultras, radicales e incluso ilegalizadas en otros países» dentro de la acampada. Esta petición se produce tras las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien este fin de semana cuestionó si la gestión de la protesta contaba con la participación de grupos con antecedentes vinculados a movimientos radicales internacionales.
García Martín ha confirmado que la Comunidad de Madrid ya ha trasladado la información disponible tanto a la Delegación del Gobierno como a la Jefatura Superior de Policía. El consejero ha insistido en que es competencia de las fuerzas de seguridad del Estado y de la propia Delegación garantizar la seguridad en el entorno y verificar la naturaleza de los colectivos presentes, reiterando que la situación está «lastrando» la convivencia y la actividad cotidiana de los vecinos y comerciantes de la Puerta del Sol.
Finalmente, desde el Gobierno regional se ha reiterado el plazo de 48 horas dado al delegado del Gobierno para que actúe, advirtiendo que cualquier incidente relacionado con la seguridad o la integridad del patrimonio será atribuido a la falta de actuación de la institución que Martín dirige. Por el momento, la Delegación del Gobierno no ha emitido una respuesta oficial a estas últimas reclamaciones de la administración autonómica.
