El PP vasco exige la dimisión de la consejera de Justicia tras la revocación del tercer grado a dos presos de ETA
El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, ha solicitado formalmente este miércoles la dimisión de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José. La petición se produce tras la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de revocar el régimen de semilibertad concedido previamente por la administración autonómica a los reclusos de ETA Soledad Iparragirre, alias «Anboto», y Juan Ramón Carasatorre.
Durante una comparecencia ante los medios en el Parlamento Vasco, De Andrés ha sostenido que la resolución del juez José Luis Castro evidencia un presunto incumplimiento de la legalidad por parte del Ejecutivo autonómico en la gestión de las competencias penitenciarias. Según el dirigente popular, la aplicación de progresiones de grado a estos reclusos constituye una «amnistía encubierta», la cual vincula a supuestos compromisos políticos alcanzados entre el Gobierno de España y EH Bildu.
El líder de los populares vascos ha argumentado que el auto judicial desmiente la línea de defensa mantenida hasta la fecha por el Departamento de Justicia, que justificaba las medidas de flexibilización penitenciaria bajo el estricto cumplimiento de la norma. Para De Andrés, la actuación de la Consejería ha estado marcada por un «trato de favor indudable» y una actitud de «afecto» hacia los presos de la organización terrorista que excede el marco legal establecido.
En su crítica institucional, De Andrés ha señalado que la consejera San José, del PSE-EE, no debe continuar en su cargo al considerar que ha actuado en favor de los internos con mayor historial delictivo en lugar de velar por los intereses de la sociedad vasca. Según su declaración, la gestión actual dificulta el objetivo de la deslegitimación del terrorismo, motivo por el cual ha reclamado la destitución de la titular de Justicia por una cuestión de «dignidad».
La reclamación de responsabilidades por parte del PP vasco se ha extendido también a la escala técnica de la administración penitenciaria. De Andrés ha solicitado la destitución inmediata del director de la prisión de Martutene, en Guipúzcoa, acusándole de actuar «en contra de la ley» y de obviar los criterios de la Junta de Tratamiento en el proceso de resolución de estos expedientes de semilibertad.
Finalmente, el dirigente ha advertido sobre el «deterioro de la imagen» del Gobierno Vasco derivado de este modelo penitenciario. A su juicio, el respaldo del Ejecutivo a estas progresiones de grado genera un clima de excepcionalidad que no atiende a las necesidades de justicia de la ciudadanía, insistiendo en que la revocación judicial confirma que el argumentario de la Administración autonómica carecía de base legal suficiente.
