La Comisión Mixta de Seguridad Nacional constituye una ponencia para analizar la regularización de inmigrantes
El Grupo Popular ha hecho valer su mayoría en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para aprobar la creación de una ponencia de estudio sobre el reciente decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno. Esta iniciativa parlamentaria, que comienza sus trabajos este martes, tiene como objetivo abrir un proceso de comparecencias de expertos para analizar el impacto y los pormenores de la medida, a pesar de que el decreto ya ha entrado en vigor y su aplicación es automática sin necesidad de convalidación por el Pleno del Congreso.
La decisión de la comisión se produce tras la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros el pasado martes. Según explican fuentes parlamentarias, el uso de este mecanismo en las comisiones donde la oposición cuenta con mayoría busca mantener el debate parlamentario vivo frente a lo que consideran una elusión del control de las Cámaras por parte del Ejecutivo. Los trabajos de esta ponencia se centrarán en fijar un calendario de trabajo y un listado público de especialistas en materia migratoria.
La regularización migratoria tuvo su origen parlamentario en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que contaba con el aval de 500.000 firmas y el apoyo de diversos colectivos sociales. El texto fue tomado en consideración por el Pleno del Congreso en abril de 2024; sin embargo, su tramitación se encontraba detenida en la fase de enmiendas. Finalmente, el Gobierno optó por la vía del decreto para implementar la medida, una fórmula que evita la votación final en sede parlamentaria donde la aritmética de bloques resultaba incierta.
Desde el Grupo Popular sostienen que el Ejecutivo ha recurrido al decreto para esquivar la mayoría parlamentaria que, el pasado 18 de marzo, aprobó una moción contraria a la regularización extraordinaria de inmigrantes. En aquella ocasión, el Partido Popular sumó los votos de Junts, Vox y UPN para instar al Gobierno a renunciar a este proceso, argumentando que la medida carecía de requisitos técnicos y contravenía los principios del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
A pesar de la constitución de esta ponencia y el inicio de las comparecencias, los trabajos de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional no tendrán efectos jurídicos vinculantes sobre la legislación ya aprobada. Al tratarse de un decreto ya ejecutivo, el texto no puede ser enmendado ni modificado por los grupos parlamentarios a través de este cauce, por lo que la función de la ponencia será estrictamente analítica y de control político.
De forma paralela a la actividad parlamentaria, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha confirmado que estudia la presentación de recursos ante la justicia española y las instituciones comunitarias para impugnar la medida. Asimismo, diversas organizaciones civiles ya han interpuesto recursos contencioso-administrativos solicitando la suspensión cautelar del decreto, alegando posibles irregularidades en su tramitación y contenido.
