El PP defiende en el Congreso el uso de la fuerza legítima para la protección de las fronteras en Ceuta
La diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha reivindicado este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados el «uso legítimo de la fuerza» como instrumento necesario para garantizar la integridad de las fronteras españolas. Durante la defensa de una proposición no de ley para dotar de más medios a Ceuta y reorientar las relaciones con Marruecos, la parlamentaria ha instado al Gobierno a aclarar si cumplirá con el mandato constitucional de defensa territorial ante posibles crisis en la ciudad autónoma.
«España no es una ONG; es un Estado de derecho y un Estado de derecho no renuncia a la fuerza legítima, la ejerce cuando es necesario para defender la ley, la libertad y las fronteras», ha manifestado Álvarez de Toledo desde la tribuna. La iniciativa legislativa del grupo parlamentario popular surge en un contexto de presión migratoria constante y busca una mayor dotación de recursos materiales y humanos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en la zona.
La intervención de la diputada ha incluido reproches directos a la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Álvarez de Toledo ha calificado de «cínica» la postura del jefe del Ejecutivo respecto a las actuaciones en el perímetro fronterizo de Ceuta ocurridas a finales de julio. Asimismo, ha recordado la cifra de 141 fallecidos en sucesos migratorios recientes para contraponer la gestión gubernamental con la necesidad de una política de seguridad más robusta.
Posteriormente, en los pasillos de la Cámara Baja, la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, ha precisado el alcance de las palabras de Álvarez de Toledo. Muñoz ha aclarado que la formación se refiere estrictamente al empleo de medios de «fuerza antidisturbios» y protocolos de «control de masas», similares a los utilizados en manifestaciones ciudadanas. «Nadie está hablando de disparar», ha puntualizado la portavoz, subrayando que la labor recae en unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El debate parlamentario ha evidenciado la división entre los bloques. Mientras la oposición reclama un endurecimiento de la vigilancia y una revisión de la diplomacia con Rabat, los socios de coalición y aliados parlamentarios del Gobierno han centrado sus críticas en la negativa de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a acoger a menores extranjeros no acompañados. Este punto de fricción continúa bloqueando un consenso amplio sobre la gestión de la crisis migratoria en la frontera sur.
La propuesta del Partido Popular, que también incluye la exigencia de que el Gobierno asuma mayores responsabilidades en la coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto a la situación en Ceuta, será sometida a votación tras un debate marcado por la tensión dialéctica y el cruce de acusaciones sobre la eficacia de la política exterior española en el Magreb.
