El Partido Popular denuncia falta de transparencia del Gobierno ante presuntas irregularidades en Correos
El Grupo Parlamentario Popular ha acusado formalmente al Gobierno de ocultar información y de proteger posibles irregularidades en la gestión de la empresa pública Correos. La denuncia de la formación de la oposición se produce tras el análisis del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual mencionaría al exjefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Juan Manuel Serrano, en relación con supuestas anomalías en la contratación de cargos directivos en la entidad postal.
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha presentado una batería de 24 preguntas parlamentarias dirigidas a esclarecer los detalles de la incorporación de Leire Díez Castro a la estructura de Correos. El Partido Popular cuestiona el proceso de selección, el salario percibido y las competencias exactas que desempeñaba Díez Castro, sugiriendo que su nombramiento pudo haberse realizado omitiendo los principios de publicidad, mérito y capacidad.
Según fuentes del Partido Popular, el Ejecutivo ha evitado aportar claridad sobre este asunto. Los populares critican que, ante sus requerimientos de información, el Gobierno respondió con un escrito de apenas cinco líneas redactado por la propia dirección de Correos, dejando sin contestar la mayoría de los interrogantes planteados. Para la oposición, esta actitud refuerza la tesis de que no se abrió ningún proceso interno para que los trabajadores de la compañía pudieran optar a dicha jefatura.
Un punto central de la denuncia se refiere a la gestión comercial de la compañía. El Partido Popular señala que el propio Gobierno admitió que Leire Díez, en su etapa como directora de Filatelia, participó activamente en la firma de un contrato para que las oficinas de Correos vendieran las balizas de emergencia V-16. Según los populares, este acuerdo comercial no cumplió con los requisitos de la Ley de Contratos del Sector Público.
Ante esta acusación, el Ejecutivo justificó la excepción normativa en una respuesta parlamentaria previa. El Gobierno argumentó que la mencionada ley no es de aplicación cuando una entidad pública actúa prestando un servicio por el que recibe un cobro, sino únicamente cuando recibe un servicio externo y paga por él con fondos públicos. No obstante, el PP considera que este argumento es insuficiente para garantizar la transparencia en una empresa estratégica del Estado.
El registro de estas iniciativas en el Congreso de los Diputados se remonta a junio de 2023, tras las primeras informaciones publicadas sobre la gestión de Juan Manuel Serrano al frente de la entidad. El Grupo Popular insiste en que continuará exigiendo responsabilidades para determinar si existieron tratos de favor o irregularidades administrativas en la cúpula de la entidad postal durante la pasada legislatura.
