El Grupo Popular plantea un conflicto de atribuciones en el Senado ante la incomparecencia de tres ministros
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha anunciado que elevará al pleno del próximo miércoles, 8 de septiembre, un nuevo conflicto de atribuciones contra el Gobierno. La medida se produce tras la negativa de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y Defensa, Margarita Robles, a comparecer en la Cámara Alta para informar sobre la crisis fronteriza ocurrida en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026.
La portavoz del Grupo Popular, Alicia García, ha fundamentado esta decisión en el incumplimiento de las obligaciones constitucionales y reglamentarias por parte del Ejecutivo. Según García, el artículo 110.1 de la Constitución Española faculta a las Cámaras para reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, mientras que el artículo 66.2 del Reglamento del Senado establece taxativamente la obligatoriedad de dichas comparecencias cuando son requeridas en tiempo y forma.
Desde la bancada popular sostienen que las comparecencias posteriores en el Congreso de los Diputados no eximen al Gobierno de su responsabilidad de control ante el Senado. «El Gobierno no puede elegir unilateralmente qué Cámara le controla ni en qué condiciones lo hace», ha señalado la portavoz, subrayando que el Reglamento de la Cámara no es una «invitación o cortesía institucional», sino un mandato parlamentario de obligado cumplimiento para asegurar el equilibrio de poderes.
Además del conflicto de atribuciones, el Partido Popular impulsará una ofensiva política que incluye la reprobación de los tres ministros ausentes. A esta lista se sumarán también las peticiones de reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y de la ministra de Sanidad, Mónica García. El argumento principal para estas medidas es la gestión de los sucesos en la frontera ceutí, que el PP califica como una respuesta «negligente» frente a lo que consideran un ataque a la integridad territorial de España.
La formación de la oposición critica la falta de medidas eficaces transcurrido un mes desde el inicio de la crisis y la ausencia de explicaciones veraces sobre las causas y responsables de los hechos. Alicia García ha advertido que su formación llevará a los tribunales la decisión del Ejecutivo de «esconderse» de la Cámara Alta, insistiendo en que las «sillas vacías» de los ministros durante las sesiones de control no pueden quedar sin consecuencias jurídicas y políticas.
Esta iniciativa parlamentaria busca reafirmar las competencias de fiscalización del Senado en un contexto de elevada tensión institucional entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria que ostenta el Partido Popular en la Cámara de representación territorial.
