El PP de Madrid denuncia ante la Policía a Manuela Bergerot por advertir que «no habrá paz en las calles»
El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha interpuesto este jueves una denuncia ante la Policía Nacional contra la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. La acción legal responde a las declaraciones de la parlamentaria en las que aseguró que «en las calles de Madrid no va a haber paz», expresiones que el PP considera de especial gravedad en el actual contexto de tensión política y social.
La denuncia se fundamenta en lo ocurrido durante la sesión plenaria de la Asamblea de Madrid. Según el escrito presentado y el Diario de Sesiones, el portavoz popular, Carlos Díaz-Pache, interpeló directamente a Bergerot sobre si sus palabras suponían una amenaza física, ante lo cual la portavoz de Más Madrid ratificó su afirmación. El PP solicita ahora a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que determinen si estas manifestaciones tienen relevancia penal o constituyen algún tipo de infracción legal.
Paralelamente, la formación regional ha remitido un documento al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para solicitar protección institucional y la garantía del orden público. En dicho escrito, el PP vincula las declaraciones de Bergerot con la acampada en la Puerta del Sol, denunciando la difusión de mensajes y materiales de «extraordinaria agresividad» dirigidos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital.
Entre los materiales denunciados por los populares se encuentran representaciones gráficas de los mandatarios madrileños con simbología fúnebre, ataúdes e imágenes que simulan «sus cabezas sobre picas». El Partido Popular sostiene que estos episodios, considerados de forma conjunta, aconsejan que las autoridades extremen la vigilancia para evitar riesgos contra la integridad de las personas o alteraciones graves de la convivencia ciudadana.
En su comunicado, la formación ha reiterado su petición de desalojo de la acampada en el centro de Madrid, subrayando que el ejercicio del derecho de reunión y manifestación debe ser respetado, pero no puede servir de amparo para la intimidación de representantes públicos. Asimismo, han advertido a la Delegación del Gobierno sobre su responsabilidad en caso de no adoptar las medidas procedentes para prevenir eventuales incidentes violentos derivados de estas «coacciones».
