El Grupo Popular vincula la condena de David Sánchez a la gestión del Ejecutivo y defiende la independencia judicial
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, han manifestado este miércoles su respaldo a la sentencia que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como cooperador necesario en un delito de prevaricación. Los dirigentes populares han calificado el fallo judicial como un «triunfo del Estado de Derecho» y han criticado la respuesta institucional del Gobierno y sus socios parlamentarios ante la resolución de la Audiencia Provincial.
En sendas entrevistas concedidas a Telecinco y RNE, la dirección del Partido Popular ha subrayado que los hechos probados de la sentencia confirman la creación de una plaza «a medida» para David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Muñoz ha destacado que, según el texto judicial, tanto los directores del Conservatorio como los sindicatos de la mesa de contratación advirtieron en su momento que el puesto de director de Artes Escénicas no era necesario para la administración provincial.
La portavoz parlamentaria ha recordado que las primeras denuncias de «nepotismo» respecto a este nombramiento surgieron en 2017 desde las filas de Podemos, antes de que el PSOE señalara a la actual acusación popular como «ultraderecha». Según Muñoz, el contenido de la sentencia desestima las tesis de «lawfare» o persecución judicial política, al tiempo que advierte que en España «no se condena a nadie sin pruebas», rebatiendo así los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo sobre la ausencia de evidencias en el caso.
Por su parte, Elías Bendodo ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al calificarlo como el «verdadero cooperador necesario» en la trayectoria profesional de su hermano. El dirigente popular ha insistido en que la plaza objeto del litigio «le cayó» a David Sánchez por su vínculo familiar y ha vinculado esta condena con otros procesos judiciales abiertos que afectan al entorno del presidente y a la gestión de exmiembros de su gabinete.
Desde el Grupo Popular se ha criticado con especial dureza la rapidez con la que portavoces del PSOE y ERC, como Patxi López y Gabriel Rufián, cuestionaron el fallo judicial. Ester Muñoz ha denunciado que estas reacciones se produjeron «sin media pizca de un argumento jurídico» y ha calificado de «deriva peligrosa» el hecho de que sectores del Gobierno acusen a la Justicia de actuar con fines políticos, comparando estas actitudes con regímenes populistas que buscan el control del poder judicial.
Finalmente, la formación de la oposición ha hecho referencia al denominado «caso Leire Díez», vinculándolo con una presunta estrategia de coacción a jueces y fuerzas de seguridad. Según los datos aportados por la portavoz popular, existen indicios de que desde el entorno de Ferraz se habrían realizado pagos a intermediarios para obstaculizar investigaciones que afectaban al entorno de la Presidencia del Gobierno, incluyendo el proceso que ha culminado en la condena de David Sánchez.
