El PP solicita en el Senado datos sobre el crimen organizado y la violencia armada en Cataluña
El Grupo Popular en el Senado ha registrado esta semana una batería de preguntas dirigida al Gobierno central con el objetivo de esclarecer la situación del crimen organizado en Cataluña y Barcelona. La iniciativa, impulsada por el senador Juan Milián, se produce tras el reciente fallecimiento de un hombre por un disparo de arma de fuego en la capital catalana y busca obtener un balance detallado sobre la evolución de la delincuencia violenta en la región durante la última década.
Entre los requerimientos de información presentados, los populares exigen conocer el número exacto de incidentes con armas de fuego registrados en Barcelona en los últimos diez años. Asimismo, el PP insta al Ejecutivo a detallar cuántas organizaciones criminales activas tienen identificadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, solicitando un análisis de su evolución en el último lustro y un desglose de sus tipologías, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico y a los ajustes de cuentas.
La formación también ha puesto el foco en los recursos humanos y técnicos destinados a la seguridad ciudadana. En este sentido, la iniciativa pregunta por el número de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil dedicados específicamente a la lucha contra el crimen organizado en Cataluña. El Partido Popular inquiere si el Gobierno cuenta con un plan de actuación específico para combatir el incremento de la violencia armada y solicita una valoración institucional sobre el impacto de lo que califican como una «progresiva reducción de la presencia visible» de la Administración del Estado en la comunidad autónoma.
Finalmente, el cuestionario parlamentario aborda el debate competencial en materia de seguridad. El senador Milián ha solicitado información sobre si el Ministerio del Interior ha realizado informes sobre el posible impacto que tendrían las nuevas cesiones competenciales reclamadas por partidos separatistas en la lucha contra la delincuencia transnacional. El Grupo Popular cierra su intervención preguntando al Gobierno si considera que la actual distribución de competencias entre las distintas administraciones ofrece los instrumentos más eficaces para garantizar la seguridad frente al crimen organizado.
