El Partido Popular revisa su posición ante la ley de nacionalidad para saharauis antes de su votación en el Congreso
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha iniciado un proceso de revisión sobre su postura ante la proposición de ley impulsada por Sumar para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo jurisdicción de España y a sus descendientes. Tras la abstención registrada previamente en la Comisión de Justicia, la formación analiza el sentido de su voto de cara a la sesión plenaria de este jueves, una decisión que resulta determinante para el futuro de la iniciativa.
La propuesta legislativa, que cuenta con el potencial de beneficiar a aproximadamente 80.000 personas, busca regularizar la situación de quienes nacieron en el territorio del Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977. El debate sobre esta norma se produce en un escenario de especial sensibilidad diplomática, dado que la política de nacionalidad respecto al colectivo saharaui influye directamente en las relaciones bilaterales entre España y el Reino de Marruecos.
En términos de aritmética parlamentaria, la postura del Partido Popular y de Vox, sumada a una posible abstención de grupos como Junts, podría alterar el curso de la aprobación en la Cámara Baja. Si la ley supera el trámite del Congreso, la tramitación se trasladará al Senado, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta. En dicha instancia, la formación tendría la capacidad de presentar enmiendas o vetar el texto, lo que obligaría a una nueva votación en el Congreso de los Diputados para su ratificación definitiva.
El texto de la ley establece que la condición de saharaui podrá acreditarse mediante una pluralidad de pruebas documentales. Entre ellas se incluyen el Documento Nacional de Identidad español (aunque esté caducado), el certificado de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental expedido por la ONU, partidas de nacimiento, libros de familia, carnés de conducir españoles o certificados de escolarización y asistencia médica. La norma concede un plazo de tres años desde su entrada en vigor para formalizar las solicitudes, las cuales estarían exentas de tasas administrativas.
Durante la fase de ponencia y comisión, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar acercaron posiciones mediante enmiendas transaccionales. No obstante, el Ejecutivo ha mantenido criterios técnicos estrictos, rechazando la validez de los documentos emitidos por el Frente Polisario al no ser una autoridad oficialmente reconocida. El objetivo central de la norma es corregir lo que el Tribunal Supremo ha identificado como la imposibilidad efectiva que tuvieron los ciudadanos saharauis para optar a la nacionalidad tras la salida de la administración española en 1976.
La iniciativa parlamentaria fue reactivada el pasado mes de abril tras permanecer bloqueada durante más de un año. Los grupos proponentes argumentan que el fin de la presencia española en el territorio impidió el ejercicio de los derechos de opción recogidos en la legislación de la época, una situación que esta nueva ley pretende subsanar mediante la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza, extendiendo el derecho también a los descendientes en primer grado.
