El PP denuncia «ingeniería electoral» en la gestión de nacionalidades bajo la Ley de Memoria Democrática
La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha respaldado las acusaciones de su formación sobre el uso de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de Nietos», para supuestos fines electorales. Según García, el Gobierno está actuando con «urgencia» y externalizando procesos de nacionalización a través de empresas vinculadas al régimen cubano, lo que el Partido Popular califica como una estrategia de «ingeniería electoral» de cara a los próximos comicios.
Estas declaraciones se producen tras la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha denunciado un intento de captar «nuevos votantes» mediante la ampliación del censo de residentes en el extranjero. Feijóo cifró en 2,5 millones las personas con derecho potencial a obtener el pasaporte español bajo este marco normativo, señalando que los cambios en los criterios de acceso se han tramitado mediante una instrucción ministerial, en lugar de a través de una reforma legislativa de rango superior.
Durante una comparecencia ante los medios, García cuestionó la celeridad de los trámites y la falta de transparencia en el procedimiento administrativo. «¿No es para sospechar? ¿No es para hablar de ingeniería electoral? Con Sánchez nada es casual», declaró la portavoz, vinculando estas acciones a una supuesta estrategia del Ejecutivo para compensar su actual aritmética parlamentaria y social.
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha elevado el tono de la crítica al acusar al Gobierno de pretender «robar» las elecciones. Abascal exigió en el Congreso medidas para garantizar la limpieza electoral, comparando la entrega de nacionalidades con prácticas de países terceros y reclamando una fiscalización estricta de las nuevas altas en el padrón de españoles residentes en el exterior (PERE).
En respuesta a estas afirmaciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado los argumentos de la oposición como «terraplanismo electoral». Durante su réplica en sede parlamentaria, el jefe del Ejecutivo defendió la legalidad y el espíritu reparador de la norma, asegurando que las críticas de PP y Vox son una «excusa» preventiva para justificar futuros resultados electorales adversos.
El debate se encuadra en un contexto de fuerte confrontación institucional. Alicia García también se refirió a la moción aprobada recientemente en el Congreso —con el apoyo de Vox, Junts y CC— que instaba a Sánchez a dimitir o a someterse a una cuestión de confianza. Según la portavoz popular, el presidente incurre en «desacato parlamentario» al ignorar el mandato de la Cámara, sumando esta situación a la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado.
La Ley de Memoria Democrática permite a los descendientes de españoles que sufrieron el exilio obtener la nacionalidad española. Sin embargo, la interpretación de los supuestos y la gestión administrativa de los consulados se han convertido en el último foco de conflicto entre el Ejecutivo y los principales partidos de la oposición.
