Tellado se remite a las explicaciones de la Comunidad de Madrid sobre la compra de una oficina temporal
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha declinado este jueves realizar una valoración propia sobre la adquisición de un ático en el distrito de Chamberí por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El inmueble ha sido adquirido con el fin de servir como oficina provisional mientras se ejecutan las obras de rehabilitación en la Real Casa de Correos, sede de la presidencia regional.
Durante la rueda de prensa celebrada en la sede nacional del PP, Tellado fue consultado en dos ocasiones sobre la idoneidad de esta compra, que incluye una terraza de 200 metros cuadrados y que, según algunas informaciones, podría contravenir la normativa municipal de usos de oficina. El dirigente popular optó por remitirse íntegramente a las justificaciones ofrecidas por el equipo de Isabel Díaz Ayuso.
«Desde la Comunidad de Madrid han dado las explicaciones que han entendido», afirmó el secretario general. Tellado sostuvo que la decisión de habilitar un lugar de trabajo provisional resulta lógica ante la envergadura de la «obra integral» proyectada en el despacho oficial de la Puerta del Sol, subrayando que el traslado tiene un carácter estrictamente temporal.
No obstante, el portavoz parlamentario aprovechó su intervención para cuestionar la reacción de distintos miembros del Ejecutivo central. Tellado mostró su extrañeza ante lo que calificó como una salida «en tromba» de ministros para criticar la operación madrileña. En este contexto, el dirigente popular contrapuso la situación con supuestas irregularidades que afectarían al Gobierno de España, mencionando el presunto pago de viviendas mediante comisiones ilícitas a familiares de miembros del gabinete nacional.
La operación inmobiliaria de la Comunidad de Madrid también ha suscitado críticas por parte de otros sectores políticos. Ministras como Mónica García y Sira Rego han cuestionado públicamente la compra, calificando el inmueble de «ático de lujo» y reprochando al Ejecutivo autonómico la falta de información previa sobre los planes de rehabilitación de la sede presidencial.
La controversia se centra tanto en el coste y las dimensiones de la propiedad como en la transparencia del proceso de reforma de la Casa de Correos, aspectos sobre los que la dirección nacional del Partido Popular ha evitado profundizar, manteniendo el respaldo a la autonomía de gestión del gobierno regional.
