El PP exige responsabilidades al Gobierno en el Senado por las presuntas irregularidades vinculadas a Zapatero
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha interpelado este martes al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre las recientes informaciones judiciales que señalan presuntas actividades ilícitas relacionadas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la sesión de control al Gobierno, la dirigente popular ha cuestionado la integridad del Ejecutivo y ha instado al presidente Pedro Sánchez a aclarar si tenía conocimiento previo de las tramas investigadas.
García ha fundamentado su intervención en el contenido de un auto judicial y en informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que aluden a cobros millonarios, el uso de facturas falsas y la existencia de una estructura societaria en Dubái. Según la portavoz, estas investigaciones contradicen las comparecencias previas del expresidente en la Cámara Alta, donde negó vínculos con el rescate de la aerolínea Plus Ultra o la tenencia de sociedades en el extranjero. «Zapatero mintió», ha sentenciado la representante del PP ante el pleno.
En el marco de la confrontación parlamentaria, la portavoz popular ha elevado el tono político al calificar a Zapatero como el «marajá de Ferraz» y al presidente del Gobierno como su «escudero». García ha retado al Ejecutivo a convocar elecciones generales y ha denunciado lo que considera una estrategia de obstrucción a la labor judicial, mencionando el relevo de mandos en la UDEF y la supuesta ocultación de expedientes requeridos por el Senado.
La interpelación ha puesto el foco en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, sugiriendo la existencia de canales directos de comunicación entre los implicados en la trama y altos cargos gubernamentales. La portavoz ha citado fragmentos de las investigaciones policiales que describen la operativa como una «organización criminal» dedicada al tráfico de materias primas y al blanqueo de capitales.
Finalmente, Alicia García ha cuestionado si el Partido Socialista tiene previsto aplicar su régimen disciplinario interno ante la gravedad de los hechos descritos en los informes policiales. El debate se ha producido en un clima de alta tensión institucional, marcado por la sucesión de procesos judiciales que afectan a diferentes esferas del entorno socialista y que, según el principal partido de la oposición, sitúan al Gobierno en una situación de «final de partida».
