Prisión y expulsión para los responsables de alojar inmigrantes en condiciones precarias en Ceuta
Un juzgado de Ceuta ha dictado sentencia condenatoria contra dos individuos por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tras quedar probado que gestionaban el alojamiento clandestino de inmigrantes en el interior de un garaje. Los implicados cobraban cuotas de hasta 900 euros a personas en situación de vulnerabilidad que habían accedido a la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio.
La resolución judicial establece penas diferenciadas para los autores de los hechos. El primer condenado, un ciudadano ceutí, ha sido sentenciado a nueve meses de prisión por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y a otros seis meses por un delito de amenazas. El segundo implicado, de nacionalidad marroquí y con residencia legal en España, ha recibido una condena cuya pena de privación de libertad ha sido sustituida por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de entrada durante un periodo de cinco años.
La intervención policial, denominada «Operación Senen», fue desarrollada por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de Ceuta en colaboración con la UCRIF Central. Las pesquisas se iniciaron a raíz de las denuncias de los vecinos de un edificio situado en la avenida de los Reyes Católicos, quienes alertaron sobre la presencia inusual y continuada de personas en los garajes cerrados del inmueble.
De acuerdo con las investigaciones, los condenados utilizaban las plazas de garaje para ocultar a los migrantes, aprovechando su deseo de no ser detectados por las autoridades antes de intentar el traslado a la península. Durante el operativo de registro, la Policía Nacional localizó a ocho personas en el interior, incluyendo a dos mujeres, aunque las pruebas documentales y testimoniales sugieren que el espacio llegó a albergar a cerca de una veintena de individuos de forma simultánea.
Los testimonios recabados durante la instrucción confirman la existencia de una actividad organizada con ánimo de lucro. Los migrantes pagaban cantidades elevadas por permanecer en estos espacios cerrados, que carecían de las condiciones mínimas de habitabilidad, bajo la promesa de facilitar su posterior tránsito hacia el continente europeo. Con esta sentencia, se da por desarticulado este punto de alojamiento ilegal que operaba en el casco urbano de Ceuta.
