La Audiencia Nacional ordena prisión provisional para los dos detenidos acusados de terrorismo en Guipúzcoa

El magistrado de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha decretado este martes el ingreso en prisión provisional para los dos ciudadanos detenidos el pasado sábado en Irún, Guipúzcoa. La decisión judicial responde a la solicitud de la Fiscalía, que imputa a los arrestados presuntos delitos de naturaleza terrorista, entre los que se incluyen la tenencia y el depósito de armas y explosivos.

La investigación judicial se originó a raíz de un control rutinario de alcoholemia realizado por la Ertzaintza el pasado 26 de septiembre en las proximidades de Escoriaza. En el vehículo interceptado viajaban Aritz Bilbao y Malen Grünig, acompañados por un ciudadano de nacionalidad irlandesa, Naoise Conron, vinculado presuntamente a la disidencia del IRA, quien actualmente se encuentra en paradero desconocido tras no haber sido custodiado tras el incidente inicial.

Durante la inspección del vehículo, las fuerzas de seguridad hallaron documentación calificada como sensible que contenía información detallada sobre agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza. Según fuentes próximas al caso, los sospechosos portaban direcciones subrayadas de miembros de las fuerzas de seguridad y localizaciones GPS que señalaban la ubicación de posibles depósitos de armamento y explosivos, conocidos como «zulos», en zonas montañosas de la región.

A pesar de la gravedad de los indicios recabados en septiembre, los dos ciudadanos vascos no fueron detenidos hasta el pasado sábado, cuando se personaron voluntariamente en la comisaría de la Ertzaintza en Irún junto a sus representantes legales. La gestión de los tiempos procesales y la falta de comunicación inicial hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil por parte de la Oficina Central de Inteligencia de la policía autonómica ha formado parte del contexto de la investigación coordinada ahora por la Audiencia Nacional.

Este procedimiento judicial adquiere una especial relevancia institucional, al tratarse de la primera ocasión en que se instruye una causa por terrorismo contra ciudadanos vinculados a movimientos radicales en el País Vasco desde el fin de la actividad de la organización ETA. La gravedad de los delitos imputados y el riesgo de fuga han sido determinantes para que el juez Piña ratificara la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza.

La causa permanece bajo supervisión de la Audiencia Nacional, mientras se mantienen activas las diligencias para localizar al ciudadano irlandés que acompañaba a los hoy encarcelados en el momento de la interceptación del vehículo y el hallazgo del material incriminatorio.